La iniciativa de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación representa una oportunidad única para lograr un cambio legislativo que amplíe derechos e incorpore los estándares y obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.
Este cuaderno resume la historia y principales hitos de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos del CELS, creada en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994 con el objetivo de formar abogados junto a la promoción de derechos.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a Fernando Carrera a 15 años de prisión por los hechos conocidos como la “Masacre de Pompeya”.
El CELS junto a otras dos organizaciones solicitó a la CSJN que habilite su participación como terceras interesadas.
Intervención de Horacio Verbitsky, presidente del CELS, en el Congreso Nacional sobre Democratización de la Justicia (14/05/2013)
El CELS junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentaron un Amicus Curiae ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa por presuntas irregularidades en la designaciones de fiscales.
El CELS envió una carta a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en la que analiza el proyecto de reforma que busca limitar las excarcelaciones en la provincia y solicita su revisión ya que no es compatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos.
La CPM, CELS, Cepoc, CIAJ, el diputado Marcelo Saín y defensores judiciales entregaron una carta al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y al senador Jorge D’Onofrio, en la que analizan los proyectos presentados por el Ejecutivo provincial sobre excarcelaciones y régimen de armas.
El gobierno provincial inició un proceso de destitución contra el Juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias y el Defensor Juvenil Julián Axat Della Crocepor haber realizado acciones, en el marco de sus funciones, para garantizar el acceso a la información ciudadana ante la calamidad sufrida por las ciudadanas y ciudadanos platenses.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky junto a otros directivos realizaron una exposición con observaciones acerca del proyecto de regulación de medidas cautelares ante legisladores de diferentes bancadas, el secretario Julián Álvarez y el ministro de Justicia, Julio Alak en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Respecto de la nueva reforma al Consejo de la Magistratura,constituye una opción valorable la elección popular de sus integrantes para romper lógicas corporativas y dar oportunidad de acceder a otros sectores o actores. Sin embargo, esta decisión genera algunos problemas que deberán atenderse.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) suspendió la aplicación de la ley 14.434 hasta tanto se resuelva el planteo sobre su inconstitucionalidad.
En la mañana del 22 de febrero de 2012, un tren que arribaba a la terminal de la línea Sarmiento chocó contra el paragolpes de contención de la estación en hora pico, provocando la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.
Organismos de derechos humanos y defensores públicos solicitaron hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), la declaración de inconstitucionalidad de la ley que reformó el sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego, aprobada el 13 de diciembre pasado y que también suspenda sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional.
La justificación de este nuevo proyecto es que permitirá controlar la circulación de armas y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos. Nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal.
El CELS manifiesta su satisfacción por la aprobación de la ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura por parte de la Cámara de Diputados de la Nación.
La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de José Ángel Pedraza, Juan José Riquelme, Luis Escobar, Ángel Stafforini y Octavio Aráoz de Lamadrid que reafirma la hipótesis de que existían fuertes vínculos entre funcionarios judiciales, dirigentes sindicales y presuntos traficantes de influencias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Pedro David, que revoque la designación de Luis María Cabral como juez subrogante de la Sala I de Cámara de Casación.
“Convergencia para la Democratización de la Justicia” considera a la media sanción del senado provincial del proyecto para la implementación de la Policía Judicial en la Provincia de Buenos Aires es un avance significativo en la democratización de la justicia y un cambio de paradigma respecto a la investigación criminal.
El CELS junto a diversas organizaciones expresaron su preocupación por la posible designación del juez de instrucción Luis Osvaldo Rodríguez para ocupar la vacante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 de la Capital Federal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impugnó la candidatura del juez Luis Rodríguez al cargo de Juez Federal en lo Criminal y Correccional.
El CELS envió una nota al Consejo de la Magistratura de la Nación en la que solicitó que inicie el proceso de remoción del juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, por el intento de soborno para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El CELS participó de una audiencia del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo en la que presentó observaciones y propuestas para que el texto final brinde un marco de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
El juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires en el proceso de remoción al que era sometido desde marzo de 2009.
El CELS envió al Senado una lista de preguntas para ser formuladas al candidato a Procurador General de la Nación, Daniel Reposo.
El CELS expresa que la decisión del Consejo de archivar el expediente en el que se investigaba el desempeño de la jueza Alicia Iermini constituye un claro incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este libro del Centro de Estudios Legales y Sociales y del Centro Internacional para la Justicia Transicional reúne las miradas de juristas, investigadores y activistas de derechos humanos sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante el terrorismo de Estado.
El Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si acusa y abre el jury de enjuiciamiento o si desestima la denuncia contra la jueza Alicia Iermini por las irregularidades cometidas en la causa penal en la que se investigó la privación ilegítima de libertad y la muerte de Walter Bulacio.
El Consejo de la Magistratura ordenó hoy la suspensión del juez de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano y pidió que sea removido de su cargo por mal desempeño.
El camarista federal Otilio Roque Romano fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura hace más de un año y medio por familiares y víctimas del terrorismo de Estado.
El CELS envió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro y al gobernador Miguel Saiz, en la que plantea algunas consideraciones en relación a la vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial originada por la renuncia del magistrado Luis Lutz.
Sal Lari vuelve a ser acusado sin fundamento y la persecución de la que es objeto representa un grave riesgo para la independencia judicial.
El CELS elaboró un documento en el que analiza los hechos por los que el juez de garantías de San Isidro enfrenta un jury de enjuiciamiento.
El juez Sal Lari está siendo acusado por hechos falsos, en el marco de una campaña de mano dura impulsada por el intendente Gustavo Posse, que encuentra respaldo en algunos sectores políticos de la provincia.
Por medio de un documento, organizaciones sociales y de derechos humanos, funcionarios judiciales y académicos, rechazan el proceso de remoción iniciado contra el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari.
Este libro nos explica cuál es el derecho procesal penal después de la incorporación constitucional de los tratados sobre derechos humanos y presenta el nuevo paradigma de enjuiciamiento que el DIDH dispone y propone para su aplicación por los tribunales nacionales.
El CELS junto a un grupo de organizaciones envió una carta al presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ángel Gabriel Villegas, en la que manifiesta su preocupación ante el avance del enjuiciamiento al Juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Mauricio Macri, en la que expresan su preocupación por la firma del Decreto 713/10, que derogó la normativa que regulaba el procedimiento para la propuesta de candidatos a jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General y Asesor General Tutelar.
Este uso arbitrario del procedimiento de remoción de jueces por parte de autoridades de gobierno importa la voluntad de dar un mensaje social sobre el papel de los jueces y es también una acción dirigida a debilitar su independencia.
Organizaciones que trabajan en la promoción de reformas judiciales destacan avances pero también advierten sobre confusiones conceptuales y deficiencias de técnica legislativa en el dictamen de mayoría sobre la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
El CELS y el Comité contra la Tortura de la CPM, expresaron, a través de una nota al presidente del Bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su preocupación por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron, ante la Cámara de Diputados, un documento con propuestas para la reforma del Consejo de la Magistratura.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) preocupado por la designación de Claudio Bonicatto como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
El CELS, junto a otras organizaciones sociales, impugnaron a la candidata a jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Daniela Ugolini, propuesta por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.
El Centro de Estuidios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (COPADI) impugnaron la candidatura de Pedro Eugenio Simón, candidato al cargo de Fiscal Federal de la provincia de Santiago del Estero.
Para el CELS, la sentencia de la Corte Suprema, ratificó los aspectos principales sostenidos por el Tribunal Oral Federal Nº 3 en el año 2004 con respecto a la investigación y el encubrimiento por el atentado a la sede de la AMIA.
El CELS participó de una audiencia pública en el marco del proceso de selección de los candidatos y candidatas para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y sus adjuntías, y ratificó que el procedimiento no cumple con la finalidad de debate y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La impugnación a la candidatura del juez federal salteño Abel Cornejo para el Superior Tribunal de la provincia se debe a que el magistrado no cumple con los requisitos que se requiere para ser designado en un cargo de esas características.
Este capítulo aborda el problema de la satisfacción de los derechos sociales, haciendo hincapié en el armado institucional que se requiere para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas que buscan protección judicial para este tipo de derechos.
En un Estado democrático de derecho, la actuación efectiva del Poder Judicial es esencial para el reconocimiento y tutela de los derechos de las personas.