Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires que subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado.
Siete organizaciones de derechos humanos estamos defendiendo en el CIADI el fin de la privatización de las pensiones en la Argentina. La seguridad social es un derecho humano. Los fondos de pensiones son para la vida digna de las personas y no para enriquecer a las empresas.
El 31 de marzo finaliza el decreto que prohíbe desalojos, difiere el pago de los aumentos de alquiler y prorroga contratos. El gobierno todavía está a tiempo de tomar decisiones a la altura del volumen y la urgencia del problema. Proponemos una serie de medidas a corto y mediano plazo para evitar un escenario de inminente multiplicación de desalojos.
Las prácticas estigmatizantes contra las comunidades persisten mientras los gobiernos no establecen políticas específicas para atender una situación de pobreza que se agravó con la pandemia.
La jueza civil de Dean Funes, Córdoba, hizo lugar al pedido de desalojo iniciado por empresarios del agronegocio contra la campesina de 94 años. El fallo desconoce los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la tierra de las comunidades.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció la decisión del gobierno nacional de no prorrogar el congelamiento del valor de los alquileres ni la suspensión de los desalojos. La medida es preocupante ya que no da cuenta de la complejidad, escala y urgencia de la situación de los hogares que alquilan. La salida del decreto requiere un plan de mediano plazo que incluya mecanismos de contención económica y de desendeudamiento para evitar que miles de familias inquilinas queden en la calle.
La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.
El gobierno de la provincia de Mendoza informó que rescindirá los convenios que dan marco a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de gestión social. Esto implica el cierre de la Escuela Campesina de Agroecología.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina debe elaborar una ley de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre asuntos relativos a su territorio ancestral, independientemente de la existencia o no de un título de propiedad.
Durante 2020, las comunidades mapuche sufrieron el embate de intereses privados, terratenientes y extractivistas.
El DNU 766/20 prohibió los desalojos por falta de pago y prorrogó los contratos. Pero quienes no pueden para el alquiler acumulan deudas para cuando caduque el decreto. La burbuja de alquiler y deuda creció durante la pandemia y pone al 42,3% de los hogares que alquilan en el AMBA al borde de un desalojo.
Comunicado de la Iniciativa por los principios de derechos humanos en la Política Fiscal sobre la necesidad de que los sectores que concentran la riqueza realicen una contribución extraordinaria para paliar la emergencia social.
En la provincia de Buenos Aires, los diferentes niveles del Estado tienen instrumentos legales para llevar adelante un modelo de desarrollo urbano que incluya a los sectores populares
Compartimos el informe que enviamos al gobierno de la provincia y a las organizaciones sociales luego de haber participado del dispositivo de relevamiento de las familias que se encuentran en la toma de Guernica.
Los hogares inquilinos se encuentran ante la amenaza de perder sus viviendas si no se extiende el DNU 320. Su situación económica empeoró desde el inicio de la pandemia por la reducción de sus ingresos, el endeudamiento y la necesidad de sostener el pago del alquiler.
Las tomas de tierra necesitan una respuesta al problema principal: miles de personas no tienen donde vivir.
En la zona del lago Mascardi reaparecieron reacciones violentas contra las comunidades mapuche que pretenden impedir que el Estado avance en políticas para garantizar derechos.
En una histórica conquista para los pueblos indígenas de Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino otorgar un título de propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas y lo condenó por violar los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, y a la identidad cultural.
Frente al avance del agronegocio en territorios campesinos indígenas, elaboramos junto al MNCI-Somos Tierra esta guía para la defensa de la cultura campesina, el cuidado de la biodiversidad y modos productivos que aseguran la soberanía alimentaria.
La producción alimentaria de la Argentina necesita políticas activas que garanticen el acceso a alimentos sanos para todes y los modos de vida de las comunidades campesinas-indígenas.
La sanción de la ley que regula el mercado de alquileres es un paso importante para mejorar el acceso a la vivienda digna. Son necesarias medidas para la situación en el contexto de la pandemia.
Por una agenda latinoamericana de reformas redistributivas: un debate sobre la orientación que deberían tomar las estructuras fiscales para asegurar los derechos humanos.
Pedimos medidas que garanticen la vigencia de los derechos humanos en la causa judicial en la que se discute un protocolo de actuación para los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
La Poderosa, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentamos una solicitud de información en relación a la gestión de la crisis del COVID-19 en los asentamientos urbanos precarios y las villas argentinas.
En las villas y asentamientos las condiciones estructurales de pobreza y vivienda impiden la vigencia de los derechos humanos. Si, además, no se ponen en funcionamiento políticas específicas para la prevención de la pandemia la situación es dramática.
Llamamos a los Estados a adoptar una redistribución fiscal sin precedentes y a las instituciones multilaterales a liberar espacio fiscal para evitar una crisis de derechos humanos.
Organizaciones que trabajamos por el derecho a la vivienda presentamos una nota en la que señalamos que el déficit en las condiciones habitacionales y sanitarias es una amenaza a la integridad y a la vida de la población inquilina. Proponemos, además, una serie de medidas.
Después de más de 20 años de litigio, la Corte Interamericana dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el reclamo que le inició al Estado en 1998 con patrocinio del CELS. Dispuso que el Estado otorgue un título único a la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales. Por primera vez la Corte reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.
Las organizaciones firmantes nos dirigimos a la jefatura del gobierno de la Ciudad y al ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para solicitar que se adopten medidas urgentes que garanticen el acceso de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires a condiciones adecuadas de higiene para prevenir la circulación del Coronavirus (COVID-19).
La Declaración de las Naciones Unidas es una herramienta política y jurídica fundamental para el desarrollo de las políticas públicas para enfrentar el hambre en la Argentina.
Esta declaración es producto de años de trabajo y debate, y reconoce por primera vez al campesinado y su rol en la lucha contra el hambre y la protección de la naturaleza.
Lhaka Honhat y el CELS requirieron acción inmediata a las autoridades nacionales y provinciales en la cuestión sanitaria que afecta las comunidades que habitan los ex lotes fiscales 14 y 55 de la provincia norteña.
El cobro de impuestos asegura al Estado los recursos para implementar políticas que garanticen el acceso a derechos y promueve una mayor redistribución de la riqueza. La política fiscal permite construir sociedades más igualitarias y justas.
Este capítulo cuenta cómo el Estado, con su inercia burocrática y su falta de liderazgo, es funcional a las iniciativas del mercado, en desmedro de los derechos humanos.
En los últimos años, la desigualdad social se incrementó y la protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron. Hoy, todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes.
El gobierno porteño busca legislar sobre los alquileres turísticos sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en la crisis habitacional que existe en la ciudad. Además, el proyecto de ley no tuvo instancias participativas ni de discusión.
El proyecto impulsado por el Frente de Inquilinos busca proteger el derecho a la vivienda de ocho millones de personas.
El Colegio de Corredores Inmobiliarios judicializó los artículos de la Ley de Alquileres porteña que prohíben el cobro de comisiones a inquilinos. Nos presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia para acercar argumentos a favor de la ley.
Organizaciones latinoamericanas participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar los efectos del cambio climático y las medidas para afrontarlo sobre grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres, niñes y comunidades rurales.
Desde hace 40 años, Ramona viene sufriendo el hostigamiento y el intento de despojo de su tierra por parte de empresarios del agronegocio. Estuvimos en la provincia trabajando con el Movimiento Campesino de Córdoba.
Por primera vez la ciudad de Buenos Aires utiliza el consumo eléctrico para elaborar información sobre la viviendas ociosas. El resultado preliminar evidencia la necesidad de generar políticas públicas que faciliten el acceso a un hábitat digno.
El documento presentado por la ACUMAR no hace eje en los problemas socio-ambientales que tiene la cuenca. Miles de familias esperan una respuesta efectiva de los gobiernos de nación, ciudad y provincia.
Las políticas de ajuste en la Ciudad de Buenos Aires -en desarrollo social, salud, trabajo y vivienda- se ven en el aumento desmedido de las personas en situación de calle. Al menos son 7251. Fueron expulsadas de las viviendas que habitaban tras perder sus trabajos, por no poder afrontar el pago de los aumentos, por situaciones de hacinamiento.
La ANSES anunció, ante una marcha programada para protestar por el fin de la moratoria previsional, que prorrogará su vigencia por tres años. Sin embargo, no corrió la fecha de corte: quienes quieran plegarse a la moratoria deberán acreditar más años de trabajo formal. En ese esquema, muchas mujeres no podrán jubilarse y solo les quedará la PUAM, que está 9 puntos por debajo de la línea de pobreza.
El Estado provincial puso a la venta tierras en las que viven familias campesinas. Solicitamos a la Corte mendocina que suspenda la medida, hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
Especialistas y organizaciones de inquilinos debatirán sobre la situación actual del mercado de alquileres y el impacto en el derecho al acceso a una vivienda
Más de 20 familias de campesinos corren riesgo de perder su sustento económico por una resolución judicial.
La especialista en derechos humanos y pobreza, Magdalena Sepúlveda, explicó cómo los recortes en políticas sociales afectan en mayor medida a la población femenina.
A través de una resolución, la Corte de la provincia de Buenos Aires da pautas de derechos humanos a funcionarios judiciales sobre cómo proceder en situaciones de tomas y desalojos. El Ejecutivo debe designar un organismo que coordine la aplicación del protocolo.
La ley de alquileres de la ciudad de Buenos Aires es una herramienta útil para garantizar el acceso a una vivienda digna.