En esta publicación online presentamos los intercambios que los Mignone mantuvieron con distintos integrantes de la Iglesia católica durante la dictadura, en la búsqueda de su hija Mónica. Las cartas se pueden leer online.
“El futuro de la memoria” es un diálogo regional, transdisciplinario y continuo que busca reconocer y generar otros formatos y modalidades artísticas, claves en el debate sobre la memoria y el olvido.
Cada 24 de Marzo, miles nos encontramos en las calles para manifestar el amplio consenso de nuestra sociedad con el proceso de memoria, verdad y justicia. Hoy, no se trata únicamente de un gesto respecto del pasado sino del compromiso con la defensa y la protección de los principios de Derechos Humanos y de los acuerdos básicos de nuestra democracia.
Junto con el diario Tiempo argentino preparamos un suplemento especial a 42 años del golpe cívico-militar. Las notas abordan distintos aspectos del estado del proceso de memoria, verdad y justicia.
Desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, las políticas públicas relacionadas al proceso de memoria, verdad y justicia están en retroceso. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos sigue firme. Por eso cada 24 de marzo somos miles los que nos encontramos en las calles. Una coproducción de Futurock.fm y CELS
Hasta el 27 de mayo se puede visitar la exposición “El futuro de la memoria”, organizada por el Instituto Goethe y el Parque de la Memoria. Dentro de la muestra se puede ver el proyecto del fotógrafo Marcelo Brodsky sobre el archivo institucional del CELS.
Paula y Albertina son hijas del sociólogo Roberto Carri y de la licenciada en letras Ana María Caruso, militantes políticos, ambos desaparecidos luego de su secuestro y reclusión en el centro clandestino conocido como Sheraton. La causa se inició en Morón en 1984 y recién hoy las hermanas declararon por primera vez en un juicio oral.
Los organismos de derechos humanos convocamos a marchar como cada 24 de marzo. Esta vez, a 42 años del golpe de Estado.
Los organismos de derechos humanos repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, envió un listado de 1111 personas detenidas que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional o la prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico. El documento incluyó a 96 condenados por delitos de lesa humanidad
La iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Las recientes medidas del Ministerio de Defensa reducen el personal dedicado a tareas archivísticas, de relevamiento documental y de digitalización. De esa forma, limita la continuidad del trabajo de investigación y el aporte a los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
Los organismos de derechos humanos firmantes repudiamos los despidos en el Ministerio de Defensa, entre ellos un gran número de trabajadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en una clara señal de vaciamiento a las políticas públicas de derechos humanos en esa cartera.
El acontecimiento social, político y judicial que significó la movilización en rechazo del 2×1 actualizó la potencia del acuerdo nacional contrario a la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado, fundante de la democracia argentina.
El 7% de las personas acusadas por delitos de lesa humanidad son empresarios. La causa Ford, que comenzó hoy, lleva quince años de instrucción y el inicio del debate oral fue postergado dos veces.
Ante el escepticismo académico sobre el impacto de la lucha por los derechos humanos, Sikkink opone una lectura de largo aliento e identifica logros trascendentes, con perspectiva temporal y precisión geopolítica.
Kathryn Sikkink presentará su último libro la semana que viene en la Argentina, en un panel de debate con Carlos Acuña, Gastón Chillier y la moderación de Elizabeth Jelin.
El juicio oral y público había comenzado el 20 de septiembre de 2016 y buscó esclarecer el rol y las responsabilidades penales de nueve imputados en los secuestros y torturas de 352 personas y en los asesinatos de 19 de ellas.
A las 15, en la sala AMIA, el Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital Federal leerá las resposabilidades penales que les caben a los nueve imputados por los delitos contra 352 personas. Fueron cometidos en el circuito de centros clandestinos conocido como ABO.
Más de cuarenta años después de los hechos, el 29 de noviembre el largo proceso de verdad y justicia por los crímenes cometidos en la Esma dio lugar a una sentencia histórica. Entre las víctimas se encuentra Mónica Mignone, secuestrada por las Fuerzas Armadas en mayo de 1976. Su padre, Emilio Mignone, se volcó a la militancia por los derechos humanos y desarrolló una obra que lo trascendió.
Luego de cinco años de juicio, la causa conocida como ESMA III o ESMA Unificada terminó con 29 condenas a prisión perpetua, 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones.
El funcionamiento del CCD duró dos años, entre 1976 y 1978. Los militares lo llamaron con cinismo Sheraton porque entre los secuestrados había intelectuales y artistas de renombre. En este juicio, seis imputados deberán rendir cuentas por los secuestros y las torturas de dieciocho personas y por los homicidios de Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi.
Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer, en su 40° aniversario, la restitución de la identidad a una nueva nieta encontrada, hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia. Lucía estuvo cautiva en el centro clandestino de detención Olimpo hasta que debía dar a luz. Sigue desaparecida. El CELS es querellante en el juicio por los crímenes cometidos en el circuito ABO.
La retrospectiva de la obra de Liliana Maresca recorre doce años de su producción artística. Desde el 17 de agosto hasta el 5 de noviembre de 2017 en el MAMBA.
En una audiencia pública solicitada por 13 organismos de derechos humanos, expusimos sobre acciones de los tres poderes del Estado argentino que socavan los avances para esclarecer los crímenes de lesa humanidad y juzgar a todos los responsables.
Por primera vez van a ser juzgados los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención “Cuatrerismo-Brigada Güemes” -o “Puente 12” o “Protobanco”- y la Comisaría de Monte Grande. El juicio comenzó hoy y está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las condenas al empresario Marcos Levín y a tres policías. El fallo omitió el contexto de persecución contra los trabajadores que existía en la época y que se manifestó con claridad en el caso de La Veloz del Norte, ignoró la complicidad civil y la empresaria con la dictadura y cuestionó a los numerosos testigos que relataron la presencia de Levín en el lugar de las torturas.
Entre el jueves y el sábado se realizará en el Conti, la décima edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Junto con Memoria Abierta coordinaremos dos mesas.
La muestra que presentará el CELS está compuesta por doce piezas e incluye pinturas, objetos, instalaciones, videos, registros sonoros y documentos históricos.
Hace 11 años desapareció por segunda vez Jorge Julio López. La causa judicial que debe determinar qué pasó con él no tuvo avances significativos. El Estado debe dar respuesta.
A lo largo del juicio quedaron acreditados para la querella los delitos atribuidos a los nueve imputados. Por primera vez se esclarecieron los traslados-asesinatos de catorce personas que pasaron por este circuito de centros clandestinos.
A las 13.30 el tribunal leyó el veredicto que determinó las responsabilidades y penas de los imputados por las desapariciones y asesinatos de nueve personas durante la dictadura cívico-militar. En noviembre se publicarán los fundamentos.
El lunes 11, a las 9.30 hs, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal leerá su veredicto por los delitos de lesa humanidad cometidos contra nueve personas en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti.
Te esperamos en las audiencias de la Megacausa ESMA. La demanda de justicia se sostiene gracias al acompañamiento y el compromiso social.
El teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo fue señalado por los sobrevivientes como uno de los ejecutores. Permanece prófugo de la justicia argentina y hay un pedido de extradición a Estados Unidos. La Corte debe pronunciarse sobre la condena de Carlos Marandino.
En distintas oportunidades señalamos al Tribunal Oral Federal –en el que se debate la causa por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA– las demoras en el proceso, al tiempo que exigimos celeridad. Hoy las querellas realizamos un nuevo planteo.
Campaña de los organismos de derechos humanos para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un nuevo fallo que revierta su sentencia en el caso ¨Muiña¨
Hoy fue la segunda y última audiencia de alegatos de la querella en el juicio por los crímenes cometidos en Orletti. El debate presentó novedades: dos asesinatos no habían sido esclarecidos antes en un juicio y es la primera vez que los imputados rinden cuentas por su actuación durante el terrorismo de Estado. Para tres de ellos pedimos la pena de prisión perpetua.
Casi cien organizaciones entregamos hoy una carta al nuevo obispo castrense. En ella solicitamos un pronunciamiento sobre el rol que cumplió la institución durante la dictadura cívico-militar y la puesta a disposición de sus archivos para las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
El 28, 29 y 30 de septiembre se realizará en Buenos Aires la décima edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Hasta el 28 de julio se pueden enviar resúmenes para participar.
Distintos organismos de derechos humanos pedimos en este comunicado conjunto la interpelación al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, luego de su ausencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados.
Análisis del fallo y de sus posibles consecuencias para el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
El 4 de octubre de 2016 comenzó el tercer juicio por los crímenes cometidos en Orletti, un viejo taller mecánico convertido en centro clandestino de detención por el que pasaron más de 300 personas. Los cuatro imputados nunca antes habían sido investigados por el Poder Judicial.
Organismos de derechos humanos pedimos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación que cite al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a dar cuenta de su gestión, explicar los proyectos del Gobierno en la materia y aclarar sus opiniones con respecto al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El European Center for Constitutional and Human Rights y la Coalición alemana contra la Impunidad, junto con organismos de derechos humanos de la Argentina le entregamos en el Parque de la Memoria una carta a la canciller alemana Angela Merkel, de visita en el país.
Hace cinco años, la Argentina solicitó a Francia la extradición de Mario Sandoval. En pocos días el Tribunal de Apelación de Versalles abordará el pedido. Las organizaciones que integramos la FIDH requerimos que la conceda, para que pueda ser juzgado en el país.
Presentamos ante la delegación de la CIDH -que sesionará hasta el viernes en la ciudad de Buenos Aires- un informe conjunto en el que analizamos los desafíos actuales del proceso de memoria, verdad y justicia, en un contexto político en el que se desarrollan discursos regresivos.
Documento leído en la Plaza de Mayo en el acto contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Un día después de escribir la “Carta abierta a la Junta Militar”, Walsh partió junto a su mujer, Lilia Ferreyra, hacia la estación del Ferrocarril Roca para tomar el tren a Constitución. Ese día Walsh tenía tres citas. Cuando se dirigió a la primera, lo esperaba la emboscada de un grupo de tareas de la ESMA.
Desde la década del 90, y con más impulso a principios de 2000, se instaló públicamente como una clave central del proceso de justicia la responsabilidad en los hechos de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. Los hechos que se investigan en las causas que analizamos no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos.
El tribunal destina poco tiempo a las audiencias. En la etapa final del juicio las recusaciones de los jueces sin justificación provocan nuevas dilaciones. Los últimos dos años de juicio solo se dedicaron a los alegatos.