Sobre la moratoria previsional y la PUAM

La ANSES anunció, ante una marcha programada para protestar por el fin de la moratoria previsional, que prorrogará su vigencia por tres años. Sin embargo, no corrió la fecha de corte: quienes quieran plegarse a la moratoria deberán acreditar más años de trabajo formal. En ese esquema, muchas mujeres no podrán jubilarse y solo les quedará la PUAM, que está 9 puntos por debajo de la línea de pobreza.

  

El impacto del ajuste en las mujeres

La especialista en derechos humanos y pobreza, Magdalena Sepúlveda, explicó cómo los recortes en políticas sociales afectan en mayor medida a la población femenina.

  

Derecho a la alimentación: duras advertencias de la Relatora de la ONU sobre el impacto del ajuste

El informe de la relatora advirtió que el Estado debe asegurar los derechos humanos de la población y no menoscabarlos para hacer frente a los compromisos contraídos por la toma de deuda. Criticó el modelo agrícola, que ha socavado la seguridad alimentaria; el desmantelamiento de la agricultura familiar y las consecuencias del desmonte para los pueblos indígenas.

  

Necesitamos una Ley de Alquileres Nacional

El proyecto fue impulsado por organizaciones de inquilinos y de la sociedad civil. En nuestro país más de 7 millones de personas necesitan que el mercado de alquileres sea más justo y equitativo.

  

La regulación de las farmacias: el reclamo de Farmacity

“Farmacity Sociedad Anónima” reclama que se declaren inconstitucionales dos artículos de la legislación de la provincia de Buenos Aires que impiden que las sociedades anónimas sean propietarias de farmacias y que establecen criterios igualitarios de acceso geográfico y poblacional. Los pactos suscriptos por la Argentina, con rango constitucional, no le dan la razón a la empresa. Tampoco los antecedentes de la jurisprudencia que presentamos a la Corte.

  

El Estado no puede recortar derechos para cumplir con el FMI, afirmó el Comité DESC de la ONU

El Estado argentino tuvo que explicar ante el Comité DESC de las Naciones Unidas el impacto de las políticas económicas en los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro país. Los/as miembros llamaron la atención sobre los programas de seguridad social, la persecución sindical, el acceso al aborto seguro, la falta de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.

  

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La ONU pide que el acuerdo con el FMI no recorte derechos sociales

Mientras el FMI procura que las cuentas fiscales “cierren” para garantizar el pago a los acreedores de la deuda, el Comité DESC de Naciones Unidas evalúa si el Estado argentino garantiza los fondos para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en un Pacto que en nuestro país tiene rango constitucional.

  

La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina

Este documento compila la información enviada al Comité DESC de las Naciones Unidas para su evaluación sobre el cumplimiento del país del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un contexto de crisis económica y ajuste fiscal, que se suma a limitaciones estructurales, el panorama es preocupante.

  

Justicia por Javier Chocobar

Después de casi 9 años, comenzará el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, ocurrido dentro del territorio de la comunidad diaguita Los Chuschagasta. Chocobar fue la víctima fatal del ataque armado de Darío Amín y dos ex policías contra casi 30 integrantes de la comunidad.

  

Absolvieron a los campesinos de Curuguaty

Después de una actuación judicial que le costó a Paraguay denuncias nacionales e internacionales por las gravísimas irregularidades en las acusaciones y condenas contra once campesinos, la Corte Suprema de ese país los absolvió. Resta avanzar en el esclarecimiento de las resposabilidades en la Masacre de Curuguaty.

  

La Argentina está obligada a fijar posición sobre la propiedad comunitaria indígena ante la Corte Interamericana

La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

  

Monsanto y la privatización de las semillas

La empresa multinacional Monsanto demandó al Estado argentino para que le permita patentar semillas transgénicas y consolidar su modelo de negocio en el país. En esta discusión entran en juego distintos derechos humanos: al trabajo, a una alimentación adecuada, a un medioambiente sano y a la biodiversidad.

  

Vaciamiento de las políticas para la agricultura familiar

Los despidos en la secretaría de Agricultura Familiar afectan directamente a las comunidades campesinas e indígenas, a sus modos de vivir y producir, y consolida un modelo basado en la concentración económica y el acaparamiento de tierras. Comunicado conjunto de organizaciones de todo el país.

  

Riachuelo: diez años sin avances

En una nueva audiencia ante la Corte, el Estado no pudo mostrar avances significativos en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados dan cuenta de un total incumplimiento en cada aspecto de los objetivos dispuestos.

  

A partir del desalojo en la Villa 31: los conflictos se resuelven con más participación

En el Barrio Carlos Mugica, el sábado 24 de febrero dos familias fueron desalojadas de la vivienda en la que habitaban. La medida fue dispuesta por el Jefe de Gobierno con el argumento de que existía riesgo de derrumbe (provocado por el propio Gobierno al demoler los inmuebles lindantes). La relocalización forzosa se ejecutó con el despliegue de un operativo policial desmedido y culminó sentando un precedente pésimo para los procesos de reurbanización de villas.