El gobierno porteño busca legislar sobre los alquileres turísticos sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en la crisis habitacional que existe en la ciudad. Además, el proyecto de ley no tuvo instancias participativas ni de discusión.
El proyecto impulsado por el Frente de Inquilinos busca proteger el derecho a la vivienda de ocho millones de personas.
El Colegio de Corredores Inmobiliarios judicializó los artículos de la Ley de Alquileres porteña que prohíben el cobro de comisiones a inquilinos. Nos presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia para acercar argumentos a favor de la ley.
Organizaciones latinoamericanas participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar los efectos del cambio climático y las medidas para afrontarlo sobre grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres, niñes y comunidades rurales.
Desde hace 40 años, Ramona viene sufriendo el hostigamiento y el intento de despojo de su tierra por parte de empresarios del agronegocio. Estuvimos en la provincia trabajando con el Movimiento Campesino de Córdoba.
Por primera vez la ciudad de Buenos Aires utiliza el consumo eléctrico para elaborar información sobre la viviendas ociosas. El resultado preliminar evidencia la necesidad de generar políticas públicas que faciliten el acceso a un hábitat digno.
El documento presentado por la ACUMAR no hace eje en los problemas socio-ambientales que tiene la cuenca. Miles de familias esperan una respuesta efectiva de los gobiernos de nación, ciudad y provincia.
Las políticas de ajuste en la Ciudad de Buenos Aires -en desarrollo social, salud, trabajo y vivienda- se ven en el aumento desmedido de las personas en situación de calle. Al menos son 7251. Fueron expulsadas de las viviendas que habitaban tras perder sus trabajos, por no poder afrontar el pago de los aumentos, por situaciones de hacinamiento.
La ANSES anunció, ante una marcha programada para protestar por el fin de la moratoria previsional, que prorrogará su vigencia por tres años. Sin embargo, no corrió la fecha de corte: quienes quieran plegarse a la moratoria deberán acreditar más años de trabajo formal. En ese esquema, muchas mujeres no podrán jubilarse y solo les quedará la PUAM, que está 9 puntos por debajo de la línea de pobreza.
El Estado provincial puso a la venta tierras en las que viven familias campesinas. Solicitamos a la Corte mendocina que suspenda la medida, hasta que se resuelva el conflicto de fondo.
Especialistas y organizaciones de inquilinos debatirán sobre la situación actual del mercado de alquileres y el impacto en el derecho al acceso a una vivienda
Más de 20 familias de campesinos corren riesgo de perder su sustento económico por una resolución judicial.
La especialista en derechos humanos y pobreza, Magdalena Sepúlveda, explicó cómo los recortes en políticas sociales afectan en mayor medida a la población femenina.
A través de una resolución, la Corte de la provincia de Buenos Aires da pautas de derechos humanos a funcionarios judiciales sobre cómo proceder en situaciones de tomas y desalojos. El Ejecutivo debe designar un organismo que coordine la aplicación del protocolo.
La ley de alquileres de la ciudad de Buenos Aires es una herramienta útil para garantizar el acceso a una vivienda digna.
La provincia de Mendoza puso a la venta unas tierras en las que viven familias campesinas hace más de 20 años. Una solución que respete los derechos de las familias y la vigencia de normas nacionales e internacionales es que continúen en el predio y se les otorgue su titularidad.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad declaró inconstitucional la Ley de Alquileres. El Tribunal Superior de Justicia porteño resolvió en sentido contrario hace un año. El gobierno nacional debe garantizar el acceso al mercado de alquileres.
El primer plenario de Habitar Argentina de 2019 analizó la situación de las personas que son deudoras de créditos hipotecarios UVA. Participaron organizaciones de deudores, legisladores nacionales y especialistas en el tema
Por primera vez la Corte Interamericana está ante un caso sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales en la Argentina. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, reclama 400.000 hectáreas.
El informe de la relatora advirtió que el Estado debe asegurar los derechos humanos de la población y no menoscabarlos para hacer frente a los compromisos contraídos por la toma de deuda. Criticó el modelo agrícola, que ha socavado la seguridad alimentaria; el desmantelamiento de la agricultura familiar y las consecuencias del desmonte para los pueblos indígenas.
La Declaración, aprobada en diciembre, promueve medidas para garantizar el acceso a la tierra, la protección de las semillas frente a su mercantilización y el freno de los desalojos, entre muchas otras cuestiones.
Comunicado conjunto por la resolución del Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la fumigación con agrotóxicos.
El especialista analizó los mercados inmobiliarios formales e informales que existen dentro de las favelas de Brasil. Además explicó la interacción entre los nuevos actores sociales y el Estado.
Los códigos urbanísticos y de edificación no están orientados a resolver el déficit de acceso a la vivienda de la ciudad ni su deterioro ambiental.
El proyecto fue impulsado por organizaciones de inquilinos y de la sociedad civil. En nuestro país más de 7 millones de personas necesitan que el mercado de alquileres sea más justo y equitativo.
“Farmacity Sociedad Anónima” reclama que se declaren inconstitucionales dos artículos de la legislación de la provincia de Buenos Aires que impiden que las sociedades anónimas sean propietarias de farmacias y que establecen criterios igualitarios de acceso geográfico y poblacional. Los pactos suscriptos por la Argentina, con rango constitucional, no le dan la razón a la empresa. Tampoco los antecedentes de la jurisprudencia que presentamos a la Corte.
La policía provincial y el poder judicial suelen ser parte de la trama de violencia que está presente durante los conflictos por la tierra entre campesinos y empresarios. La muerte de Héctor Corvalán ocurrió después de un desalojo violento.
La inflación y las medidas de austeridad, la desigualdad y la persistencia de problemas estructurales son los temas que preocupan al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, luego de su evaluación al país.
Algunos actores del sector inmobiliario sostuvieron que la reforma de la ley de alquileres implicará la disminución de la oferta. La experiencia demuestra lo contrario. La regulación estatal protegerá los intereses de quienes alquilan y restringirá los honorarios que los corredores pueden cobrar. Comunicado de Habitar Argentina.
En nuestro país más de 7 millones de personas son inquilinas. Para lograr un acceso justo al hábitat es necesario que el Estado intervenga en el mercado de alquileres.
El Estado argentino tuvo que explicar ante el Comité DESC de las Naciones Unidas el impacto de las políticas económicas en los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro país. Los/as miembros llamaron la atención sobre los programas de seguridad social, la persecución sindical, el acceso al aborto seguro, la falta de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.
Mientras el FMI procura que las cuentas fiscales “cierren” para garantizar el pago a los acreedores de la deuda, el Comité DESC de Naciones Unidas evalúa si el Estado argentino garantiza los fondos para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales que están contemplados en un Pacto que en nuestro país tiene rango constitucional.
Después de seis años de discusión, esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará la Declaración sobre los derechos de las y los campesinos. El proceso para elaborar el documento final ha sido transparente y participativo y los Estados deben adoptarlo sin dilaciones.
La legislatura jujeña modificó por ley el uso y el modo de ocupación del suelo de una reserva natural, lo que generará la expulsión de las familias campesinas que habitan en ese territorio. Nos presentamos como amicus curiae, a partir del amparo que promovió la Organización Campesina de Los Perilagos, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
A partir de un amparo sobre acceso a la información pública, un juzgado ordenó a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires informar sobre las autorizaciones para emprendimientos inmobiliarios cerrados desde 2013 en adelante.
Este documento, compartido con el Comité DESC de las Naciones Unidas, grafica el deterioro en el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina.
Este documento compila la información enviada al Comité DESC de las Naciones Unidas para su evaluación sobre el cumplimiento del país del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un contexto de crisis económica y ajuste fiscal, que se suma a limitaciones estructurales, el panorama es preocupante.
Diputados nacionales de distintos partidos diagnosticaron e hicieron propuestas para resolver las condiciones de acceso a las viviendas en alquiler. Fue en una actividad de Habitar Argentina.
El Código Urbanístico que se está discutiendo en la Legislatura de la Ciudad reafirmará la desigualdad y la segregación que caracterizan a la ciudad de Buenos Aires.
La policía reprimió una protesta de habitantes de la villa 31 que reclaman participar en la toma de decisiones sobre la urbanización del barrio.
Después de casi 9 años, comenzará el juicio por el asesinato de Javier Chocobar, ocurrido dentro del territorio de la comunidad diaguita Los Chuschagasta. Chocobar fue la víctima fatal del ataque armado de Darío Amín y dos ex policías contra casi 30 integrantes de la comunidad.
El CELS se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires” en apoyo de la constitucionalidad de la ley provincial 10.606.
Después de una actuación judicial que le costó a Paraguay denuncias nacionales e internacionales por las gravísimas irregularidades en las acusaciones y condenas contra once campesinos, la Corte Suprema de ese país los absolvió. Resta avanzar en el esclarecimiento de las resposabilidades en la Masacre de Curuguaty.
La suspensión del Monotributo Social Agropecuario agravó la precariedad de más de 50.000 familias que se dedican a la agricultura familiar. Se enmarca en una política más general de desmantelamiento de las políticas destinadas a ese sector.
La Corte IDH fijó un plazo improrrogable de dos meses para que el Estado argentino responda las presentaciones del caso “Comunidades indígenas de Lhaka Honhat vs. Argentina”. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat y el CELS demandan por las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del Departamento Rivadavia de la provincia de Salta.
La empresa multinacional Monsanto demandó al Estado argentino para que le permita patentar semillas transgénicas y consolidar su modelo de negocio en el país. En esta discusión entran en juego distintos derechos humanos: al trabajo, a una alimentación adecuada, a un medioambiente sano y a la biodiversidad.
Organizaciones sociales, el gobierno porteño y legisladores de la ciudad, elaboraron un documento de diagnostico y propuestas hacer frente a las principales problemáticas que tienen los inquilinos de Buenos Aires.
Por orden de la justicia cordobesa, la policía reprimió a los vecinos y no buscó canales políticos para resolver este conflicto.
Este documento fue preparado colectivamente como aporte al informe Empresas y Derechos Humanos que está elaborando la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la CIDH.
Las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat reclamaron además la reanudación inmediata de los trabajos para garantizar su acceso a la propiedad comunitaria, que el Estado paralizó.