Pierina: nos presentamos en la causa contra la activista LGBTIQ+ y alertamos a la ONU
Pierina Nochetti fue acusada de pintar una pared con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”. Hace dos años está sometida a un proceso penal, con consecuencias en su vida laboral, económica, social y política. El debate oral fue postergado dos veces y se vulnera su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Llevamos su causa a relatorías de la ONU y nos presentamos junto con organizaciones de la región como amicus ante el tribunal que la juzgará.
La Corte IDH condenó a Brasil por el asesinato de un campesino durante la represión de una protesta
El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.
Balas de goma, gases y camiones hidrantes: un riesgo para la salud y los derechos humanos
Las armas menos letales no son “no letales”, sino que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en algunos casos, la muerte. Columna de opinión publicada junto a INCLO.
Denunciamos ante la ONU los retrocesos en derecho a la protesta, a la vivienda y el impacto de la deuda
Fue durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza. Conversamos con los relatores especiales sobre cómo las políticas económicas y sociales del gobierno degradan las condiciones de vida de las mayorías.
La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
Represión en el Congreso: pedimos a la CIDH que proteja el derecho a la protesta
Con organizaciones defensoras de derechos solicitamos que la Comisión Interamericana tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes. Le planteamos nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves.
Por un Congreso activo, no delegativo: hoy se trata la ley ómnibus
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno contiene la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta imprecisión da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo.
Para la ONU, el protocolo y el proyecto de ley ómnibus criminalizan la protesta: insta al gobierno a revisarlos
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana
Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.
Pedimos a la CIDH y a la ONU que intercedan para que el Estado argentino termine con la persecución a la protesta
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Sobre el proyecto de “ley ómnibus”
El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.
Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei
Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.
Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
El fin del principio de no-represión: qué significa que Bullrich derogue la resolución 210/2011
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
Así recordamos y vamos a extrañar a Mario Wainfeld
Fue un periodista comprometido con los derechos humanos, con las luchas de les trabajadores, con la memoria, la verdad y la justicia. Como socio del CELS, nos compartía su mirada certera, su solidaridad y su calidez. Murió este 21 de septiembre a los 74 años. Abrazamos a su familia, a sus amigos y amigas.
ARA San Juan: no se debe convalidar la inteligencia ilegal sobre familiares de marinos que reclaman respuestas del Estado
Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.
Letalidad Encubierta: cómo las armas “menos letales” impactan la salud y los derechos humanos
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
Murió un manifestante por una represión en el Obelisco
La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.
A seis años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.
Comunidades indígenas de Jujuy y organizaciones defensoras de derechos impulsan la nulidad de la reforma constitucional
El Tercer Malón de la Paz marcha a Buenos Aires en rechazo a la reforma constitucional. Apoyando ese reclamo más de 60 comunidades de la provincia y distintas organizaciones hicieron una presentación ante la Corte Suprema jujeña para que la reforma se anule.
Pedimos a la CIDH protección para personas defensoras de derechos humanos en Jujuy
Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.
Casación ordenó a la justicia federal de Jujuy que proteja a pueblos indígenas y manifestantes
Fue a partir de un habeas corpus que presentamos con Andhes y que acompañó Xumek por los numerosos casos de represión tras la reforma constitucional que limita derechos, entre ellos, el de la protesta.
Jujuy: una reforma constitucional para recortar derechos
Junto a otras organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente provincial expresando nuestra preocupación por los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante.
El poder legislativo de Salta limita el derecho a la protesta
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
Protestar no debería poner en riesgo tu vida
Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022 en Perú. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo. Otras, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar.
Milagro Sala: 7 años de uso político del encarcelamiento
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
Brasil: la amenaza de la derecha antidemocrática
El pasaje a la acción de estos sectores impone reflexiones y acciones urgentes. ¿Qué sucede cuando las democracias brindan herramientas y posibilidades para que algunos grupos busquen limitarlas o terminar con ellas? ¿Con qué instrumentos contamos para defender la democracia frente a ataques como este?
ARA San Juan: hacer inteligencia a quienes protestan es ilegal
Nos presentamos como amicus ante Casación Penal y pedimos que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.
A dos años de Guernica, las familias siguen sin tener un lugar digno donde vivir
La toma impuso en la agenda pública la situación desesperada de millones de personas, problemática que para esas personas sigue sin resolverse. Sin políticas que generen lotes accesibles, los sectores populares no tienen más opción que ocupar predios vacíos.
Pueblos indígenas: el Estado no cumple sus compromisos y retrocede ante las presiones racistas
A pesar de que tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales, no se hace efectivo ni existen tampoco políticas que les garanticen desarrollar su vida en relación con su identidad. Los avances de las últimas décadas fueron insuficientes. Muchas veces, la respuesta estatal se organiza detrás de discursos y estereotipos que los estigmatizan. El crecimiento de sus reclamos está vinculado con esta deuda histórica.
Derecho a la protesta: encuentro de organizaciones de América Latina
Entre el 25 y el 27 de julio realizamos un evento en Buenos Aires para debatir sobre la actualidad en nuestra región. Participaron compañeres de Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y México.
La protesta social es un derecho que los Estados deben garantizar, no reprimir
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
Criminalización de la protesta: nos presentamos como amicus en la causa de Arakaki y Ruiz y señalamos el riesgo de utilizar figuras como la “intimidación pública”
Los dos militantes fueron condenados por los incidentes de 2017, cuando en el Congreso se trataba la reforma de las leyes previsionales. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver los recursos de sus defensas. En nuestra presentación alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas que buscan castigar los reclamos sociales.
El Salvador: estado de excepción y ataques contra defensores de derechos humanos
Organizaciones de la región manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de garantías constitucionales del pueblo salvadoreño como respuesta al aumento de la violencia y la criminalidad.
Protesta en el Congreso: La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
Pedido de desclasificación de información sobre la represión de 2001
El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.
10 puntos para una ley nacional de protección de las protestas
A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, convocamos a debatir una propuesta integral de Ley nacional de protección de las protestas y manifestaciones públicas.
Es necesario poner fin al acuerdo de cooperación entre las policías de Argentina y Colombia
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Colombia: pedimos el cese de la violencia del Estado y que la CIDH investigue los actos de represión
650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH una visita in loco y la creación de un grupo de expertos.
La Carcova: a 10 años de la masacre sigue el reclamo de justicia
Recién en junio de 2021 se realizará el juicio contra el ex policía bonaerense Sebastián Rey por los homicidios de Franco y Mauricio. Sus familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, el poder judicial demuestra no tener apuro en juzgar a integrantes de fuerzas de seguridad.
Comunidad mapuche Buenuleo
Durante 2020, las comunidades mapuche sufrieron el embate de intereses privados, terratenientes y extractivistas.
La Legislatura porteña debe rechazar el uso de la tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia del espacio público
El reconocimiento facial en las actividades de videovigilancia afecta de manera negativa múltiples derechos: a la privacidad, a la libertad de esxpresión y a la protesta, entre otros.
20 de diciembre de 2001: la Cámara confirmó las condenas por la represión
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal de funcionarios y policías por las muertes provocadas por la represión el 20 de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires. El proceso sigue abierto porque ordenó la revisión de las penas.
Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea
Autor/a: María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (eds.)
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Alertamos al Comité de DDHH de la ONU sobre los riesgos de retroceso en el derecho de reunión
Organizaciones de toda América advertimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección sobre el derecho a protestar.
Chile: informe final de la Misión Internacional de Observación
El documento, elaborado por el conjunto de organizaciones veedoras que se trasladaron a Chile del 6 al 11 de noviembre del 2019, da cuenta de las violaciones generalizadas a los derechos humanos por agentes estatales. También recalca que esta violencia, constatada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre 2019, fue exacerbada por el dictado presidencial de estado de excepción.
Las consecuencias de las armas “menos letales” en Chile
Desde el principio de las manifestaciones en Chile, las autoridades llevaron adelante una represión sostenida e indiscriminada impensable desde la salida de Pinochet. Quedó en evidencia que las armas “menos letales” son inadecuadas para la gestión de protestas.
Introducción. El futuro de los derechos humanos
La potencia de los derechos humanos reside en su capacidad de poner en discusión los intentos de estabilizar una noción restringida de democracia que busca naturalizar que solo son viables los modelos económicos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura. Hoy, la desigualdad, los obstáculos para la participación política y … Continued
