Las organizaciones miembros de INCLO expresamos nuestra preocupación por las violaciones de las libertades civiles que ocurren en varios países del mundo en relación con el conflicto en Gaza.
Este fallo histórico es sobre colectivo de abogados CAJAR, que en los últimos 30 años sufrió persecuciones, escuchas, hostigamiento y un atentado contra sus integrantes. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en el caso y la decisión sienta un precedente fundamental para todas las organizaciones de derechos humanos de la región.
Fue durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza. Conversamos con los relatores especiales sobre cómo las políticas económicas y sociales del gobierno degradan las condiciones de vida de las mayorías.
El trabajo del organismo es de gran importancia para la implementación de políticas públicas contra la discriminación y en favor de la igualdad. La decisión de eliminarlo por parte del Gobierno nacional pone en jaque los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino frente al Comité de ONU.
Ante la persecución a defensores de derechos humanos y la expulsión de mecanismos de Naciones Unidas, nos pronunciamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil sobre este grave antecedente en la región.
Junto a más de de 230 organizaciones firmamos un documento acerca de la alarma que genera la reactivación de una ley que viola el derecho a la libertad de asociación, ya que ocasionaría la militarización del espacio cívico de la sociedad venezolana.
Ante las actuaciones del Ministerio Público de ese país que pretenden anular los resultados de las elecciones presidenciales, más de veinte organizaciones de la región solicitamos al gobierno actual respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco.
Adherimos a una nota a los organismos internacionales firmada por más de 185 organizaciones de la sociedad civil pidiendo el inmediato alto al fuego de Israel en Gaza, además de medidas urgentes de carácter humanitario.
Junto con INECIP, presentamos un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego.
Doscientas organizaciones de la región solicitamos al Estado guatemalteco a tomar las medidas necesarias para que se garantice el derecho de participación ciudadana. Las elecciones nacionales del 25 de junio fueron suspendidas por la justicia, aunque los reportes de todas las misiones de observación nacional e internacional señalaron que los comicios se desarrollaron sin incidentes.
En un contexto regional en el que crece la amenaza de gobiernos y grupos con posiciones autoritarias, organizaciones y referentes del continente instamos a los Estados a postular personas que demuestren independencia, formación y experiencia para fortalecer las misiones y funciones de la Comisión.
En su informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le recomendó al Estado avanzar en el relevamiento y titularización de los territorios de los pueblos indígenas, poner fin a la criminalización de la protesta y estigmatización del pueblo mapuche y eliminar obstáculos para el acceso a derechos por las personas migrantes, entre otros puntos.
Lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde el CELS, junto a otras organizaciones, habíamos pedido que pudieran tener contacto con el expediente, algo que nunca les permitieron. Marielle era concejala y activista de DD.HH y fue asesinada junto a su chofer, en marzo de 2019.
Fue junto a sus familiares y organizaciones de México y Luxemburgo. Pedimos que se tomen las medidas necesarias y urgentes para la búsqueda del abogado Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, de quienes no se tiene información desde mitad de enero. Su desaparición fue luego de una asamblea por el incumplimiento de pagos de la empresa Ternium a la comunidad producto de la actividad minera.
El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.
El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.
Junto con otras organizaciones de la región, alertamos sobre un fallo que vulnera los derechos a expresarse y criminaliza las actividades políticas. Lo mismo ocurre en otros países, incluido Argentina.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
La Corte IDH estudia la demanda del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR) por las tareas de inteligencia ilegal, amenazas y persecución sufridos por sus integrantes durante los últimos 30 años. El caso representa una oportunidad para sancionar acciones y prácticas de inteligencia ilegal y arbitraria que los Estados despliegan contra organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y evidencia la necesidad de contar con normas claras que regulen y controlen las actividades de inteligencia.
Organizaciones internacionales nos reunimos para conectar las agendas de América Latina con el proceso constituyente chileno. Luego del intercambio con representantes de la Convención Constitucional asumimos el compromiso de aportar desde nuestros territorios y experiencias a la consolidación de esta etapa de cambios políticos y sociales.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial requirió explicaciones a Alemania, Suiza, el Reino Unido y EE.UU. por no respaldar la exención integral de los derechos de propiedad intelectual y no exigir la transferencia de tecnología a las empresas farmacéuticas.
Lo asesinaron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por la Policía Bonaerense y la Federal, y los testigos fueron torturados, amenazados y agredidos. Uno de los acusados fue absuelto y el otro, sobreseído en distintos procesos. La familia, con la representación del CELS, llevó el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso. La primera audiencia es el lunes 25 de abril.
Organizaciones de la región manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de garantías constitucionales del pueblo salvadoreño como respuesta al aumento de la violencia y la criminalidad.
Solicitamos al CERD, de la ONU, que obligue a los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza a respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. La distribución desigual de las vacunas es un ejemplo de lo que es la discriminación racial estructural.
Mientras se intensifican las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones sociales y otras violaciones de derechos, el Gobierno continúa sin cumplir las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.
En una audiencia ante la CIDH, organizaciones denunciaron más de 80 mil detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones.
La iniciativa busca crear un aparato paralelo de inteligencia subordinado al presidente de la República. Junto a la Organización Mundial Contra la Tortura y a otras organizaciones le expresamos al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, nuestra preocupación por el proyecto.
Junto con la Red Andina de Información y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de violencia contra trabajadores y medios de comunicación comunitarios en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019.
El grupo de expertes independientes de la CIDH determinó que entre septiembre y diciembre de 2019 integrantes de las fuerzas del Estado cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino.
Junto con otros organismos de derechos humanos, en esta sesión trabajamos en varios temas de seguridad y derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos exigimos el cese de la represión contra el pueblo nicaragüense y la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
La lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir.
Solicitamos en la Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADDHH) la adhesión explícita del bloque sudamericano al pedido de suspensión de normas de propiedad intelectual para enfrentar la pandemia.
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Saludamos la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la resolución que reconoce la discriminación sistemática del pueblo palestino por Israel. Establece una comisión de investigación permanente sobre las violaciones al derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel.
650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH una visita in loco y la creación de un grupo de expertos.
Con este informe, el organismo internacional pidió a Bolivia que investigue las violaciones cometidas por el gobierno de facto. Estos crímenes permanecen impunes hasta el día de hoy.
Es urgente una respuesta global que reconozca a las vacunas como un bien común de la humanidad. La suspensión temporal de patentes es un paso obligatorio para producir masivamente los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en el mundo y garantizar el derecho a la salud y a la vida en todos los países.
Siete organizaciones de derechos humanos estamos defendiendo en el CIADI el fin de la privatización de las pensiones en la Argentina. La seguridad social es un derecho humano. Los fondos de pensiones son para la vida digna de las personas y no para enriquecer a las empresas.
Tanto el asesinato de las niñas argentinas como la desaparición más reciente de su prima son violaciones de los derechos humanos que requieren una investigación inmediata, independiente y efectiva.
Este capítulo forma parte de Post: Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia, un libro publicado en febrero del 2021 sobre los desafíos que enfrentamos como defensorxs de derechos humanos en un año de pandemia. “Bolivia. Un golpe con sello de la OEA” fue escrito por Camila Barretto Maia, especialista en relaciones internacionales y derechos humanos, y coordinadora del Área internacional del CELS. Su análisis se enfoca en la lucha por la democracia en Bolivia, entre la cancelación de las elecciones de 2019 y la restauración de la democracia un año después.
Organismos de derechos humanos de toda la región condenamos las embestidas contra la estabilidad democrática instigadas por el presidente saliente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina debe elaborar una ley de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre asuntos relativos a su territorio ancestral, independientemente de la existencia o no de un título de propiedad.
En una nota conjunta a Cancillería, pedimos que Argentina proponga candidatas juezas para el puesto vacante en la Corte IDH que tiene, desde 2016, una sola jueza y seis jueces.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.
En un voto ajustado, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aceptó el cambio de clasificación del cannabis, y así reconoció sus usos medicinales, en base a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora y el CELS denunciamos la detención arbitraria de integrantes de una de las más antiguas y respetadas organizaciones de derechos humanos de Egipto, la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR).
Tras un año de manifestaciones callejeras en Chile, apoyamos al pueblo chileno en su reclamo por una nueva constitución que deje atrás las prácticas institucionales de la dictadura.
Durante el 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo lugar la audiencia “La situación de los derechos humanos en Bolivia” donde denunciamos el abandono de las víctimas por parte del Estado y la falta de justicia.
El Estado argentino violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad.