En el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, denunciamos los abusos incesantes del gobierno de Jeanine Áñez y exigimos justicia por las violaciones cometidas.
La OEA debe proteger la autonomía de la CIDH renovando el contrato de su Secretario Ejecutivo, en conformidad con los marcos institucionales vigentes.
El proyecto que está en vías de aprobación por el congreso chileno amenaza los derechos de las personas migrantes y no respeta los compromisos internacionales de Chile en la materia.
A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad.
En una histórica conquista para los pueblos indígenas de Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino otorgar un título de propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas y lo condenó por violar los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, y a la identidad cultural.
Te invitamos a recordar al periodista Eduardo Kimel y su compromiso con la memoria, la verdad y la libertad de prensa, a una década de su partida.
Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre el traslado del represor de la ESMA a la Argentina, pedimos al país vecino revierta la sentencia sobre la extradición de Roberto Oscar González.
Mediante una carta de familiares George Floyd y otras víctimas, piden que el Consejo de Derechos Humanos de la organización investigue la violencia policial racista que se despliega en el país del norte.
El CELS adhiere al pedido de la sociedad civil y de familiares de George Floyd, Michael Brown, Philando Castile y Breonna Taylor, víctimas fatales de fuerzas policiales en Estados Unidos.
El CELS manifestó ante el Mercosur su preocupación por la creciente militarización en Bolivia y Brasil
Las manifestaciones estallaron en respuesta al asesinato de George Floyd por la policia de Minneapolis el lunes pasado. INCLO condena el uso desproporcionado de fuerza contra manifestantes y llama a la policia a actuar en concordancia con los estándares internacionales sobre el uso de fuerza en situación de control de multitudes.
Las amenazas de las fuerzas armadas de Bolivia al Senado en el marco del tratamiento de los ascensos prenden una nueva señal de alerta sobre el papel indebido de los militares en el país.
La Poderosa, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentamos una solicitud de información en relación a la gestión de la crisis del COVID-19 en los asentamientos urbanos precarios y las villas argentinas.
Llamamos a los Estados a adoptar una redistribución fiscal sin precedentes y a las instituciones multilaterales a liberar espacio fiscal para evitar una crisis de derechos humanos.
Junto con el Instituto Vladimir Herzog y otras cinco organizaciones, denunciamos a las autoridades brasileñas por sus declaraciones en el aniversario del golpe militar ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Las zonas de fronteras son particularmente vulnerables a las políticas que se apliquen de uno y otro lado. Es urgente que los Estados pongan en el centro el principio de solidaridad entre los pueblos y rescaten los mecanismos de coordinación regional. Un análisis de Raísa Ortiz Cetra y Camila Barretto Maia.
Organizaciones de toda América advertimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección sobre el derecho a protestar.
En el marco del 63° encuentro de la Comisión sobre estupefacientes de la ONU, organizamos el panel “Explorar la regulación de los mercados del cannabis en Latinoamerica” junto a WOLA, MUCD y Elementa.
Junto a un grupo de 40 organizaciones denunciamos el veto del gobierno de Bolivia a dos integrantes del grupo de expertos independientes conformado por la CIDH.
El CELS adhiere al repudio de más de 30 organizaciones internacionales que estiman que la Corte Suprema de EEUU de esta manera potencia más violencia contra las comunidades transfronterizas.
El documento, elaborado por el conjunto de organizaciones veedoras que se trasladaron a Chile del 6 al 11 de noviembre del 2019, da cuenta de las violaciones generalizadas a los derechos humanos por agentes estatales. También recalca que esta violencia, constatada entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre 2019, fue exacerbada por el dictado presidencial de estado de excepción.
Condenamos el golpe de Estado, la persecución política y la violencia de quienes no respetan el orden democrático en Bolivia. El quiebre del estado de Derecho debe provocar la reacción inmediata de los estados de la región. Es imperioso que los mecanismos regionales y los órganos de la ONU inicien un diálogo con los países, en particular que se asegure el derecho a asilo y refugio.
Esta última audiencia llega después de que el Estado no mostrara avances en las reformas institucionales a las que se comprometió en 2005. Hace veinte años denunciamos al Estado junto con Memoria Activa como respondable de la falta de prevención del atentado, el desvío de la investigación y el encubrimiento, la denegación de justicia y la falta de verdad. Este año se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA.
Según el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares el decreto emitido por el Ejecutivo nacional no respeta el texto que la Argentina ratificó en 2007.
179 organizaciones de todo el mundo -entre ellas las que integran la red INCLO- y 251 ex miembros de administraciones anteriores, líderes religiosos, académicos, educadores y activistas, enviaron una carta al Secretario de Estado Mike Pompeo en rechazo de la decisión de Donald Trump de crear una Comisión sobre Derechos Inalienables.
Las comunidades reclaman desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
Más de cien organizaciones y referentes argentinos reclamaron al gobierno nacional que revierta su posicionamiento frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Durante dos eventos paralelos en Naciones Unidas, fueron intimidados Jean Wyllys y Luciana Zaffalon. Wyllys es activista de derechos LGBTI, ex congresista brasileño y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH debido a las amenazas de muerte contra él. Luciana Zaffalon es secretaria de la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas.
Representantes de distintas organizaciones discutieron en Ginebra la situación de Estados Unidos, Filipinas y Brasil, a la luz de gobiernos autoritarios y con un fuerte discurso antiderechos.
El Grupo de Trabajo de Expertos de las ONU sobre Afrodescendientes visitó la Argentina entre el 11 y el 18 de marzo. En su declaración preliminar remarcó la discriminación estructural contra la comunidad afro y la persecución a migrantes africanos. Un conjunto de organizaciones les presentamos dos informes.
Es necesaria una salida democrática y pacífica y que se garantice la vigencia de los derechos humanos. El intento intervencionista de Estados Unidos debe ser rechazado por la comunidad internacional.
Cerca de 3 mil organizaciones no gubernamentales, colectivos y movimientos sociales nacionales e internacionales rechazamos la declaración del candidato presidencial Jair Bolsonaro de que, al ser electo, pondría “un punto final a todos los activismos en Brasil”. Especificamos las razones por las que representa una amenaza a la democracia en la siguiente nota de repudio.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exige respuestas urgentes al Estado argentino, en un informe que será presentado el 12 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Una intervención novedosa de expertos internacionales en México vigorizó la labor de organizaciones de derechos humanos para luchar contra la impunidad sistémica en el país, según Gabriela Kletzel y Angel Gabriel Cabrera Silva.
La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo que la decisión del país de abandonar el Consejo de Derechos Humanos respondió en parte a la oposición de 18 organizaciones a la propuesta de reforma del Consejo que había sido respaldado por Washington. El CELS, una de esas organizaciones, le contestó.
El Comité de los Derechos del Niño instó al Estado a garantizar el acceso a la educación sexual integral y a los servicios de aborto seguro para las adolescentes. También pidió que tome medidas para erradicar la violencia policial contra los jóvenes y derogue el DNU 70/2017 por su impacto negativo en la unidad familiar y el interés superior de los niños migrantes.
En las últimas décadas un número creciente de países de nuestra región han establecido políticas migratorias que reconocen los derechos de las personas migrantes. El documento final del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular es una oportunidad para incorporar muchos de los avances que se han logrado en el continente latinoamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia de oficio sobre “Libertad religiosa y Estado laico”. Se planteó casi con exclusividad la ilegítima interferencia de ciertos grupos en el ejercicio de derechos, en particular de los sexuales y reproductivos y los de grupos LGBTI.
El CELS participará junto a otras organizaciones en tres audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el miércoles 9 y el viernes 11 de mayo.
El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.
Comunicado conjunto de más de 60 organizaciones del continente americano sobre la situación en Brasil y sus consecuencias para los derechos humanos.
A raíz de que el gobierno argentino no permitió que la organización leyera unas palabras que había preparado para el acto en el que recibiría el premio Emilio F. Mignone porque eran críticas de la actual gestión, enviamos una carta a Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. La nota también fue firmada por Mercedes y Javier Mignone, hijos del fundador del CELS.
Se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana sobre el indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori. Resaltamos la importancia de que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exijan a Perú dejarlo sin efectos.
Esta semana participaremos junto con otras organizaciones sociales y sindicales en dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 29 de mayo hasta el 15 de junio de 2018 se podrá cursar en Washington DC.
Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso emblemático en materia de garantía de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
La FIDH, el CELS y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentamos un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que damos argumentos legales sobre la incompatibilidad del indulto otorgado a Alberto Fujimori con los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos.
Comunicado conjunto de organizaciones de derechos humanos sobre el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que convoca a elecciones presidenciales en clara violación con la Constitución venezolana.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas cerró la acción urgente que tenía como fin que el Estado buscara y encontrara a Santiago Maldonado y le recordó al Estado argentino su obligación de garantizar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente.
El 26 de septiembre de 2017 se cumplieron tres años de impunidad por la represión a los estudiantes secundarios mexicanos y la desaparición de cuarenta y tres de ellos en Ayotzinapa.