El paso del tiempo atenta contra la justicia. Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes.
La Cámara Federal de Casación Penal debe analizar un recurso presentado por querellantes y definir si prospera el juzgamiento de miembros del directorio del ingenio La Fronterita. Acercamos a la Cámara jurisprudencia nacional e internacional sobre la persecución penal de actores empresariales por crímenes contra la humanidad. Consideramos que la responsabilidad penal de los acusados debe ser discutida en un juicio oral y público.
Invitades por la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), desde el CELS presentamos una selección de documentos inéditos del archivo personal de León y un video en el que contamos su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición de su hijo Ariel y su novia Liliana Mabel Bietti durante la última dictadura cívico militar.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta incorporan mil nuevos archivos a la base del sitio Desclasificados.org.ar creada para hacer accesibles los documentos entregados por el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico militar argentina.
Durante el juicio se probaron los hechos que tuvieron por víctimas a once personas que pasaron por el centro clandestino de detención de Floresta, puesto al servicio del Plan Cóndor. Por primera vez se analizaron las responsabilidades penales en el secuestro y los tormentos de dos niñes. El CELS es querellante como organismo de derechos humanos.
Bajo la Ley de Protección de Victimas de Tortura, familiares de víctimas de la masacre ocurrida en la base aeronaval chubutense en 1972 buscan llevar al exmilitar a la justicia por primera vez tras 48 años de impunidad.
La Comisión Interpoderes y los organismos del Estado deben mostrar con acciones concretas su compromiso serio en la construcción de más verdad, más memoria y en el avance de las investigaciones y los juicios pendientes para dar respuestas a la sociedad.
El 3 de septiembre de 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de León Ferrari. Nuestra relación empezó a raíz del secuestro y desaparición de su hijo Ariel, en 1977. Desde entonces acompañamos a sus familiares en la búsqueda de verdad y justicia.
Las banderas de la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Las palabras del ministro bonaerense ofenden nuestra historia.
En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presxs políticxs. Uno de los responsables no pudo ser juzgado porque está prófugo en EE.UU., con un proceso de extradición abierto.
Te invitamos a recordar al periodista Eduardo Kimel y su compromiso con la memoria, la verdad y la libertad de prensa, a una década de su partida.
Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre el traslado del represor de la ESMA a la Argentina, pedimos al país vecino revierta la sentencia sobre la extradición de Roberto Oscar González.
Augusto María era trabajador del PAMI. Desapareció mientras cumplía el servicio militar obligatorio. Su legajo laboral ahora deberá consignar: “La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
La Cámara Federal de Casación Penal recomendó a todos los tribunales orales federales del país que reinicien por medios tecnológicos los juicios orales por delitos de lesa humanidad que tenían en trámite y que quedaron suspendidos por la pandemia del coronavirus.
La acción pide la imprescriptibilidad de acciones civiles cuando derivan de delitos de lesa humanidad. Constituye una herramienta más en la búsqueda de verdad y reparación.
Debe delinear los protocolos que permitan la continuidad de los Juicios de Lesa Humanidad.
Junto con Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos a la Cámara Federal de Casación Penal que se reanuden los procesos, que se convoque a la comisión interpoderes y que se conforme una mesa de trabajo interdisciplinaria que elabore protocolos para la realización de los juicios.
Este texto aborda la organización colectiva de un grupo de familiares de detenidxs desaparecidxs y de presas y presos políticos como respuesta a la represión de la última dictadura cívico militar.
Junto con el Instituto Vladimir Herzog y otras cinco organizaciones, denunciamos a las autoridades brasileñas por sus declaraciones en el aniversario del golpe militar ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Junto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta ponemos a disposición una herramienta para buscar, leer e investigar los archivos desclasificados por Estados Unidos.
Los organismos de Derechos Humanos llamamos a respetar las politicas de prevención del coronavirus y no marchar en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El debate oral analizó los crímenes cometidos contra 67 personas en ese centro clandestino y terminó con la condena de los seis acusados. Muchos de los responsables de la Superintendencia de Seguridad Federal todavía gozan de impunidad, ya que utilizaban apodos, actuaban en la clandestinidad y aún no pudieron ser identificados.
Luego de ocho años de maniobras dilatorias, finalmente Mario “Churrasco” Sandoval fue extraditado desde Francia. Si bien hay indicios de su participación en numerosos crímenes, debe responder en lo inmediato por el secuestro, las torturas y la desaparición de Hernán Abriata.
¿Es posible definir al movimiento de derechos humanos argentino? Nos preguntamos por sus genealogías: la de los organismos nacidos para enfrentar a la dictadura, la del sindicalismo, la del movimiento antirrepresivo, la de los feminismos.
La potencia de los derechos humanos reside en su capacidad de poner en discusión los intentos de estabilizar una noción restringida de democracia que busca naturalizar que solo son viables los modelos económicos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura. Hoy, la desigualdad, los obstáculos para la participación política y … Continued
El viernes 29 comenzará a las 11 un nuevo juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el taller porteño convertido en centro clandestino de detención, durante siete meses de 1976.
Se trata de 370 personas que fueron secuestradas, trasladadas a ese centro clandestino, y torturadas. De ellas, 50 fueron asesinadas y muchas permanecen desaparecidas. Pese a la relevancia de este juicio y los casi 44 años de búsqueda de justicia, el Tribunal dispuso poco tiempo para el debate oral.
Condenamos el golpe de Estado, la persecución política y la violencia de quienes no respetan el orden democrático en Bolivia. El quiebre del estado de Derecho debe provocar la reacción inmediata de los estados de la región. Es imperioso que los mecanismos regionales y los órganos de la ONU inicien un diálogo con los países, en particular que se asegure el derecho a asilo y refugio.
Las partes acusadoras del juicio terminaron con sus alegatos. Por los hechos que damnificaron a Patrick Rice y Fátima Cabrera deberá responder Carlos Enrique Gallone. Acompañamos el pedido de condena del Ministerio Público Fiscal.
Desde 2014 somos querellantes en esta causa, iniciada un año antes por hijos e hijas de obreros desaparecidos. La mayoría sostenía reclamos contra la empresa por mejoras laborales.
La solicitud fue realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, el abogado Pablo Llonto y el CELS al tribunal que debe resolver.
En 1979, la visita que realizó la Comisión Interamericana al país, en plena dictadura cívico-militar, marcó una bisagra para la sociedad argentina. El Museo Sitio de Memoria ESMA, Memoria Abierta y el CELS exponen en el Museo una serie de archivos que reconstruyen el impacto de aquel acontecimiento.
Tom Farer integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, cuando visitó la Argentina en plena dictadura cívico-militar. Estas son sus memorias de aquellos hechos.
El 21 de agosto declaró Héctor Aníbal Ratto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín. Ratto es sobreviviente de El Campito, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en Campo de Mayo.
El juicio por el centro clandestino conocido como Coordinación Federal está por alcanzar la etapa de alegatos. La prueba producida durante el debate oral permite ampliar la acusación a los imputados por otros delitos.
El predio que ocupaba el ex Regimiento de Infantería n°9 de Corrientes fue puesto a disposición. Aun hay causas por delitos de lesa humanidad que están en trámite. El Estado debe resguardar estos lugares y conservarlos para la memoria colectiva.
Los siete trabajadores de la empresa que fueron secuestrados -seis de ellos permanecen desaparecidos- y cuyos casos son analizados en este juicio eran activistas sindicales y miembros de la comisión interna de Mercedes Benz. El CELS es querellante como organismo de derechos humanos.
Luego de casi un año de juicio, concluyeron los alegatos de la querella unificada. Los delitos que se juzgan en este cuarto proceso son secuestros, tormentos, homicidios, violaciones y sustracción de niños y niñas.
El 22 de mayo comenzaron a declarar los y las testigos en la causa por la desaparición de activistas sindicales y miembros de la comisión interna de Mercedes Benz. Es el primer tramo del juicio de la megacausa Campo de Mayo.
Mercedes Benz es uno de los 169 casos dentro de la megacausa Campo de Mayo, que incluye Ferroviarios, Área 400 y Colegio Militar. El CELS querella en Mercedes Benz como organismo de derechos humanos.
La desclasificación ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos. Ahora, es necesario que el Estado procese la información para aportar a la reconstrucción de la verdad y a las investigaciones judiciales en curso.
La CPM encontró en el archivo de la DIPBA nuevas pruebas que involucran al fiscal Fabián Fernández Garello en delitos de lesa humanidad. La justicia de San Martín ya lo investiga por otros crímenes.
Luego de 35 años de las denuncias, por primera vez se condenan delitos cometidos en el Sheraton. El CELS querelló en representación de la familia de Roberto Carri y Ana María Caruso.
Una parte central del trabajo de las organizaciones de derechos humanos durante la última dictadura cívico militar fue relevar y documentar información. Entre 1981 y 1982, el CELS publicó una serie de investigaciones sobre las dimensiones del terrorismo de Estado, que recuperamos en un especial online.
La audiencia preliminar estaba prevista para el 7 de marzo y se pasó a fin de mes. Se da en un contexto de demoras que afecta el avance de los juicios de lesa humanidad.
Dentro de la planta, funcionó un centro clandestino de detención y un destacamento policial. Los directivos de la empresa señalaron a los trabajadores que debían ser secuestrados y proveyeron a los militares fotografías de sus fichas personales para que pudieran identificarlos.
Luego de quince años de instrucción y un año de juicio, hoy el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a dos ex jefes de la planta de General Pacheco de la empresa Ford como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos. Se trata de un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado.
La Corte falló sobre el caso de Rufino Batalla, condenado a 13 años por secuestros, torturas y los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, quien había pedido que se le aplicara el beneficio del 2×1. De esta manera, el máximo tribunal modificó el criterio que aplicó en el fallo Muiña, que fue respondido por una enorme movilización popular y la sanción de una ley en el Congreso.
Coordinación Federal, como se conocía a lo que Jorge Rafael Videla rebautizó Superintendencia de Seguridad Federal, fue uno de los centros clandestinos más activos de la Capital Federal. El juicio que comenzó en el marco de la causa 2108 tiene seis imputados; tres de ellos -Romero, Mingorance y Grosso- llegaron en libertad para enfrentar el proceso.
Con penas entre 8 años y prisión perpetua, los ex policías fueron condenados por sus crímenes contra seis militantes de la ciudad de Rafaela. Silvia Suppo, sobreviviente del terrorismo de Estado, fue asesinada en 2010.