Después de tres años, terminó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Comando de Institutos Militares. El tribunal dictó diez perpetuas y otras nueve condenas a penas de 4 a 22 años.
En un fallo histórico, un tribunal de Miami lo declaró responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, en agosto de 1972. La sentencia en el juicio civil también determinó que Bravo deberá pagar 24 millones de dólares como resarcimiento. El CELS acompañó el litigio y a les familiares de las víctimas.
En la última jornada, presentaron sus alegatos los abogados de la demanda y de la defensa. Después de 2 horas y media de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto: determinó que el ex marino es responsable de todos los cargos y lo obliga a pagar 24 millones de dólares por el total de daños.
En esta cuarta jornada, declararon como testigos un físico forense que realizó pericias en la Base Naval en 2007, un conscripto y Raquel Camps, hija de Alberto Camps, víctima de la masacre.
Durante la tercera jornada, el ex marino continuó con su declaración sobre el día de la masacre. Después fue el turno de la transmisión de testimonios de familiares.
En la segunda audiencia, declaró el ex marino. Algunos detalles de su testimonio no coinciden con sus declaraciones anteriores como cuáles soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros supuestamente disparó un prisionero y la posición de cada soldado cuando comenzó el tiroteo.
Con el testimonio de dos testigos, el lunes 27 de junio se realizó la primera audiencia en la Corte de Federal para el distrito sur de Florida. Estudiantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal de Florida realizaron este informe de la jornada.
Se juzgarán los hechos que damnificaron a 385 víctimas y las responsabilidades de cinco ex integrantes de la Policía Federal y Gendarmería, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo conocido como “ABO”.
Se trata del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal cometido por Montoneros en 1976. Con su resolución, los jueces reinstalan la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad.
Este libro ha sido organizado por el grupo de trabajo sobre “Juicios, tribunales y derechos humanos” del Programa de Antropología Política y Jurídica. Este grupo tiene como uno de sus objetivos centrales el estudio de las burocracias judiciales a partir del análisis particularizado de un tipo de juicio que debe ser analizado como resultado de … Continued
Seis miembros del Servicio Penitenciario Federal y dos oficiales del Ejército recibieron penas que van desde perpetua a 3 años y medio de prisión. El tribunal consideró que la violencia sexual sufrida por las mujeres en el centro clandestino fue “específica, sistemática y planificada”.
Organismos de derechos humanos de la región solicitamos a la Corte IDH que anule la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que dejará en libertad a Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Presentamos una colección de textos que fueron elaborados por distintas agencias de EEUU sobre el conflicto bélico en las islas. Los documentos son parte del Proyecto Desclasificados, un trabajo conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta.
Tras dos años de pandemia, volvimos a marchar en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En un breve resumen revisamos los juicios por crímenes de lesa humanidad en los que querellamos. Algunas causas están incorporando pruebas, otras esperan fallos y varias tienen recursos pendientes. Los juicios ESMA VI y ABO V comenzarán en mayo y junio, respectivamente.
Los ex policías de la Federal Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone fueron condenados a perpetua por el homicidio de Mario Julien Cáceres en 1976. El tribunal dictó la sentencia luego de que Casación le ordenara revisar el fallo de 2017 que los había absuelto.
El 18 de marzo se inaugura en el Museo Sitio de la Memoria ESMA una muestra que reflexiona, desde una perspectiva feminista, sobre cómo fueron las vidas de estas mujeres después de salir del centro clandestino.
El 27 de junio comenzará el juicio civil contra Roberto Guillermo Bravo por su presunta responsabilidad en los fusilamientos. El juicio se desarrollará ante un jurado en una corte federal para el distrito sur de Florida.
En el debate se analizaron los hechos de una gran cantidad de víctimas que fueron secuestradas, torturadas y/o desaparecidas en la Zona de Defensa IV a cargo del Comando de Institutos Militares. El CELS interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina.
Se hizo la presentación del nuevo sitio web del Archivo del CELS. La actualización busca un acceso más simple a través de una mejor clasificación y descripción de los fondos documentales. El lanzamiento se hizo en el marco de una conversación con integrantes del Archivo General de la Nación y del Archivo de la Memoria Trans. En el intercambio se reflejó la importancia que tienen estos trabajos de recopilación histórica para la intervención pública y la construcción de memorias plurales.
Durante el juicio se probaron 395 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas en el centro clandestino de detención que funcionó en Camino de Cintura y Ricchieri, La Matanza. Solicitamos la condena de todos los acusados.
Las querellas y la fiscalía recurrieron al máximo tribunal para que habilite el juzgamiento de los responsables, frenado por Casación que consideró que no se trata de delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos interpuestos por las defensas de los acusados. Además, hizo lugar al planteo de la querella de la familia Carri Caruso y condenó a Rodolfo Godoy por las torturas impuestas al matrimonio.
Fueron condenados Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González por abusos y violaciones contra tres mujeres que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino de detención. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, pero pasaron décadas hasta que pudieron investigarse como delitos autónomos al de torturas.
Se trata de la condena a prisión perpetua del ex marino Carlos Amadeo Marandino por los fusilamientos a presxs políticxs el 22 de agosto de 1972.
El tribunal dijo que Casación obstaculizó el avance de la causa y le ordenó que vuelva a dictar una resolución para que se pueda avanzar hacia el juicio oral de los empresarios de Ledesma S.A.A.I.
Se juzgaron delitos de lesa humanidad vinculados al centro clandestino de detención tortura y exterminio “El Atlético”. El ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos recibió la pena de prisión perpetua y el ex agente de inteligencia Ariel Darío Pituelli, de cuatro años de prisión.
A los 96 años, murió Carmen Cobo, Madre y Abuela de Plaza de Mayo. Era una de las madres a las que brindamos contención y afecto a través de la Red Voluntaria de Acompañamiento. Seguiremos su camino de lucha por memoria, verdad y justicia.
A 45 años del golpe genocida, compartimos un primer análisis que desde Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS realizamos sobre los documentos desclasificados de la ex SIDE. Es fundamental profundizar y ampliar el proceso de desclasificación y acceso público a la documentación producida en todas las agencias estatales de la época.
A 45 años del golpe genocida, los organismos de Derechos Humanos abajo firmantes convocamos a la sociedad, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a sumarse a la campaña Plantamos Memoria.
A dos años y medio del inicio del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a todos los acusados. El veredicto incluyó tres perpetuas, cuatro condenas a 15 años y una, a 6 años.
Comunicado de los organismos de derechos humanos a cerca de la conmemoración del 45 aniversario del golpe cívico-eclesiástico-militar.
Se juzgarán delitos de lesa humanidad vinculados al centro clandestino de detención tortura y exterminio “El Atlético” que fue parte del circuito ABO. El CELS es querellante.
El paso del tiempo atenta contra la justicia. Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes.
La Cámara Federal de Casación Penal debe analizar un recurso presentado por querellantes y definir si prospera el juzgamiento de miembros del directorio del ingenio La Fronterita. Acercamos a la Cámara jurisprudencia nacional e internacional sobre la persecución penal de actores empresariales por crímenes contra la humanidad. Consideramos que la responsabilidad penal de los acusados debe ser discutida en un juicio oral y público.
Invitades por la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), desde el CELS presentamos una selección de documentos inéditos del archivo personal de León y un video en el que contamos su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición de su hijo Ariel y su novia Liliana Mabel Bietti durante la última dictadura cívico militar.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta incorporan mil nuevos archivos a la base del sitio Desclasificados.org.ar creada para hacer accesibles los documentos entregados por el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico militar argentina.
Durante el juicio se probaron los hechos que tuvieron por víctimas a once personas que pasaron por el centro clandestino de detención de Floresta, puesto al servicio del Plan Cóndor. Por primera vez se analizaron las responsabilidades penales en el secuestro y los tormentos de dos niñes. El CELS es querellante como organismo de derechos humanos.
Bajo la Ley de Protección de Victimas de Tortura, familiares de víctimas de la masacre ocurrida en la base aeronaval chubutense en 1972 buscan llevar al exmilitar a la justicia por primera vez tras 48 años de impunidad.
La Comisión Interpoderes y los organismos del Estado deben mostrar con acciones concretas su compromiso serio en la construcción de más verdad, más memoria y en el avance de las investigaciones y los juicios pendientes para dar respuestas a la sociedad.
El 3 de septiembre de 2020 se cumplieron 100 años del nacimiento de León Ferrari. Nuestra relación empezó a raíz del secuestro y desaparición de su hijo Ariel, en 1977. Desde entonces acompañamos a sus familiares en la búsqueda de verdad y justicia.
Las banderas de la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia. Las palabras del ministro bonaerense ofenden nuestra historia.
En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presxs políticxs. Uno de los responsables no pudo ser juzgado porque está prófugo en EE.UU., con un proceso de extradición abierto.
Te invitamos a recordar al periodista Eduardo Kimel y su compromiso con la memoria, la verdad y la libertad de prensa, a una década de su partida.
Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre el traslado del represor de la ESMA a la Argentina, pedimos al país vecino revierta la sentencia sobre la extradición de Roberto Oscar González.
Augusto María era trabajador del PAMI. Desapareció mientras cumplía el servicio militar obligatorio. Su legajo laboral ahora deberá consignar: “La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.
La Cámara Federal de Casación Penal recomendó a todos los tribunales orales federales del país que reinicien por medios tecnológicos los juicios orales por delitos de lesa humanidad que tenían en trámite y que quedaron suspendidos por la pandemia del coronavirus.
La acción pide la imprescriptibilidad de acciones civiles cuando derivan de delitos de lesa humanidad. Constituye una herramienta más en la búsqueda de verdad y reparación.
Debe delinear los protocolos que permitan la continuidad de los Juicios de Lesa Humanidad.
Junto con Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos a la Cámara Federal de Casación Penal que se reanuden los procesos, que se convoque a la comisión interpoderes y que se conforme una mesa de trabajo interdisciplinaria que elabore protocolos para la realización de los juicios.