El acto en la Legislatura porteña organizado por Victorial Villaruel fue el intento de restablecimiento de una memoria contra-revolucionaria pero sin revoluciones a la vista, una memoria que reivindica el arrasamiento, mientras hostiga a diestra y siniestra.
Esta semana, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue sede de una actividad organizada y convocada por organizaciones cuyo fin es impedir la rendición de cuentas por los crímenes de la dictadura.
El 28 de junio empieza el séptimo tramo del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada. El TOF 5 juzgará a un único imputado.
Lo hizo la Sala II de Casación Penal al revisar un fallo del TOF 5, que en 2017 no había contemplado las denuncias que había hecho Graciela García Romero, secuestrada en ese centro clandestino de detención. El CELS acompañó el pedido de justicia de Graciela desde 2005.
Confirmó la mayoría de los casos de las víctimas que aún no habían sido juzgados y la existencia de los vuelos de la muerte. Además condenó a Jorge “el tigre” Acosta por el delito de violación agravada.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó su veredicto en la causa en la que se investigaron los delitos de lesa humanidad que sufrieron Carlos, María y Mariano Ramírez. Luego del asesinato y desaparición de su mamá Vicenta Orrego Meza, les hermanites fueron enviados a un hogar, donde sufrieron maltratos y abusos sexuales, y les cambiaron su identidad.
Hoy como ayer, por memoria, verdad y justicia. Rumbo a los 40 años de democracia, el 24 estuvimos en las calles.
El Tribunal Oral Federal 5 consideró que el oficial retirado de la Federal fue responsable del secuestro y las torturas a Hernán Abriata, en 1976. Sandoval fue extraditado en 2019 desde Francia, país en el que se instaló tras el regreso de la democracia.
El viernes 25 de noviembre empieza el cuarto tramo del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en la provincia de Buenos Aires. Se juzgará a dos jefes del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela.
Para continuar las conversaciones provocadas por la película de Santiago Mitre, reunimos en un video a la hija de Adriana Calvo de Laborde y a la actriz que interpreta ese testimonio en el cine.
Después de un largo proceso de negociación, se firmó el acuerdo de solución amistosa con la familia de José Luis D’Andrea Mohr, que en 2008 presentó, junto al CELS, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A más de cuatro años del veredicto de uno de los juicios por delitos de lesa humanidad más grandes de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal escuchará los planteos de querellas y defensas. Luego tendrá 20 días para dictar sentencia.
El empresario había sido condenado en 2016 a doce años de prisión por el secuestro y las torturas a un trabajador pero, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación anuló la condena y dijo que no era un caso de lesa humanidad. Ahora la Corte Suprema revocó esa decisión.
La película “Argentina, 1985” revive el juicio en el que un tribunal civil condenó a las Juntas Militares. Con una carta del archivo del CELS recuperada en video, reponemos el recorrido del trabajo documental desde el inicio de la dictadura que llega hasta nuestros días, en los juicios actuales por delitos de lesa humanidad.
Después de varias postergaciones, el Tribunal Oral Federal 5 juzgará al ex agente de la Policía Federal, acusado por el secuestro de Hernán Abriata en 1976. Tras el regreso de la democracia, Sandoval se refugió en Francia, donde vivió hasta su extradición en 2019.
A menos de dos meses del fallo histórico en Miami, conversamos con familiares y abogades sobre el juicio por jurados que condenó al ex marino por su responsabilidad en los fusilamientos. Cuáles fueron las estrategias y los desafíos de este caso que acompañó el CELS.
En un video realizado de forma colectiva entre familiares y el CELS, les nietes de quienes sufrieron la masacre hace cincuenta años explican su propia historia sobre lo que ocurrió y por qué quieren compartirla
Presentamos una colección de textos que fueron elaborados por distintas agencias de EEUU sobre los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Los documentos son parte del Proyecto Desclasificados, un trabajo conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta.
Con textos de Calveiro, Jelin, Rousseaux, Sutton, Oberlin, entre otras, esta publicación recupera los temas y debates que a lo largo de un año estuvieron presentes en la preparación de muestra Ser mujeres en la ESMA II: tiempo de encuentros.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó a prisión perpetua a los subtenientes Martín Sánchez Zinny, Emilio Morello y Horacio Linari, quienes en 1976 llevaron a cabo dos operativos donde se cometieron delitos de lesa humanidad.
El ex marino Roberto Guillermo Bravo fue condenado por un jurado popular en Estados Unidos a pagar una indemnización de USD 27 millones a los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de militantes de Montoneros, FAR y ERP que intentaron fugarse del Penal de Rawson en agosto de 1972. Qué significó este juicio.
Después de tres años, terminó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Comando de Institutos Militares. El tribunal dictó diez perpetuas y otras nueve condenas a penas de 4 a 22 años.
En un fallo histórico, un tribunal de Miami lo declaró responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, en agosto de 1972. La sentencia en el juicio civil también determinó que Bravo deberá pagar 24 millones de dólares como resarcimiento. El CELS acompañó el litigio y a les familiares de las víctimas.
En la última jornada, presentaron sus alegatos los abogados de la demanda y de la defensa. Después de 2 horas y media de deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto: determinó que el ex marino es responsable de todos los cargos y lo obliga a pagar 24 millones de dólares por el total de daños.
En esta cuarta jornada, declararon como testigos un físico forense que realizó pericias en la Base Naval en 2007, un conscripto y Raquel Camps, hija de Alberto Camps, víctima de la masacre.
Durante la tercera jornada, el ex marino continuó con su declaración sobre el día de la masacre. Después fue el turno de la transmisión de testimonios de familiares.
En la segunda audiencia, declaró el ex marino. Algunos detalles de su testimonio no coinciden con sus declaraciones anteriores como cuáles soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros supuestamente disparó un prisionero y la posición de cada soldado cuando comenzó el tiroteo.
Con el testimonio de dos testigos, el lunes 27 de junio se realizó la primera audiencia en la Corte de Federal para el distrito sur de Florida. Estudiantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad estatal de Florida realizaron este informe de la jornada.
Se juzgarán los hechos que damnificaron a 385 víctimas y las responsabilidades de cinco ex integrantes de la Policía Federal y Gendarmería, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo conocido como “ABO”.
Se trata del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal cometido por Montoneros en 1976. Con su resolución, los jueces reinstalan la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad.
Este libro ha sido organizado por el grupo de trabajo sobre “Juicios, tribunales y derechos humanos” del Programa de Antropología Política y Jurídica. Este grupo tiene como uno de sus objetivos centrales el estudio de las burocracias judiciales a partir del análisis particularizado de un tipo de juicio que debe ser analizado como resultado de … Continued
Seis miembros del Servicio Penitenciario Federal y dos oficiales del Ejército recibieron penas que van desde perpetua a 3 años y medio de prisión. El tribunal consideró que la violencia sexual sufrida por las mujeres en el centro clandestino fue “específica, sistemática y planificada”.
Organismos de derechos humanos de la región solicitamos a la Corte IDH que anule la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú que dejará en libertad a Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Presentamos una colección de textos que fueron elaborados por distintas agencias de EEUU sobre el conflicto bélico en las islas. Los documentos son parte del Proyecto Desclasificados, un trabajo conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta.
Tras dos años de pandemia, volvimos a marchar en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En un breve resumen revisamos los juicios por crímenes de lesa humanidad en los que querellamos. Algunas causas están incorporando pruebas, otras esperan fallos y varias tienen recursos pendientes. Los juicios ESMA VI y ABO V comenzarán en mayo y junio, respectivamente.
Los ex policías de la Federal Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone fueron condenados a perpetua por el homicidio de Mario Julien Cáceres en 1976. El tribunal dictó la sentencia luego de que Casación le ordenara revisar el fallo de 2017 que los había absuelto.
El 18 de marzo se inaugura en el Museo Sitio de la Memoria ESMA una muestra que reflexiona, desde una perspectiva feminista, sobre cómo fueron las vidas de estas mujeres después de salir del centro clandestino.
El 27 de junio comenzará el juicio civil contra Roberto Guillermo Bravo por su presunta responsabilidad en los fusilamientos. El juicio se desarrollará ante un jurado en una corte federal para el distrito sur de Florida.
En el debate se analizaron los hechos de una gran cantidad de víctimas que fueron secuestradas, torturadas y/o desaparecidas en la Zona de Defensa IV a cargo del Comando de Institutos Militares. El CELS interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina.
Se hizo la presentación del nuevo sitio web del Archivo del CELS. La actualización busca un acceso más simple a través de una mejor clasificación y descripción de los fondos documentales. El lanzamiento se hizo en el marco de una conversación con integrantes del Archivo General de la Nación y del Archivo de la Memoria Trans. En el intercambio se reflejó la importancia que tienen estos trabajos de recopilación histórica para la intervención pública y la construcción de memorias plurales.
Durante el juicio se probaron 395 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas en el centro clandestino de detención que funcionó en Camino de Cintura y Ricchieri, La Matanza. Solicitamos la condena de todos los acusados.
Las querellas y la fiscalía recurrieron al máximo tribunal para que habilite el juzgamiento de los responsables, frenado por Casación que consideró que no se trata de delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos interpuestos por las defensas de los acusados. Además, hizo lugar al planteo de la querella de la familia Carri Caruso y condenó a Rodolfo Godoy por las torturas impuestas al matrimonio.
Fueron condenados Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González por abusos y violaciones contra tres mujeres que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino de detención. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, pero pasaron décadas hasta que pudieron investigarse como delitos autónomos al de torturas.
Se trata de la condena a prisión perpetua del ex marino Carlos Amadeo Marandino por los fusilamientos a presxs políticxs el 22 de agosto de 1972.
El tribunal dijo que Casación obstaculizó el avance de la causa y le ordenó que vuelva a dictar una resolución para que se pueda avanzar hacia el juicio oral de los empresarios de Ledesma S.A.A.I.
Se juzgaron delitos de lesa humanidad vinculados al centro clandestino de detención tortura y exterminio “El Atlético”. El ex agente de la Policía Federal Miguel Ángel Britos recibió la pena de prisión perpetua y el ex agente de inteligencia Ariel Darío Pituelli, de cuatro años de prisión.
A los 96 años, murió Carmen Cobo, Madre y Abuela de Plaza de Mayo. Era una de las madres a las que brindamos contención y afecto a través de la Red Voluntaria de Acompañamiento. Seguiremos su camino de lucha por memoria, verdad y justicia.
A 45 años del golpe genocida, compartimos un primer análisis que desde Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS realizamos sobre los documentos desclasificados de la ex SIDE. Es fundamental profundizar y ampliar el proceso de desclasificación y acceso público a la documentación producida en todas las agencias estatales de la época.