El secretario general de la OEA afirma que Milagro Sala debe ser liberada de inmediato
Luis Almagro difundió una carta que escribió a Milagro Sala, quien está privada de su libertad de manera arbitraria desde el 16 de enero.
Luis Almagro difundió una carta que escribió a Milagro Sala, quien está privada de su libertad de manera arbitraria desde el 16 de enero.
Las reivindicaciones territoriales mapuches son tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación como amenazas para la seguridad social.
Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS pedimos que el Estado argentino informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Comunicado conjunto de Amnistía Internacional Argentina, el CELS y ANDHES.
Las protestas sociales han ido en aumento. En muchos casos, las fuerzas policiales y de seguridad han respondido con procedimientos que vulneran seriamente los derechos fundamentales a la protesta y a la libre expresión, y esto a menudo se refleja en un recrudecimiento de la violencia por el uso injustificado, inadecuado y desmedido de la fuerza.
El delegado gremial de Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Bastidas, recibió un disparo con bala de plomo por parte de un policía durante una protesta en la sede del Ministerio de Trabajo de Neuquén.
Un grupo de trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, nucleados en el sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) que cortaban la ruta nacional 50 en las cercanías de la ciudad de Orán por un conflicto laboral fueron reprimidos por la policía de Salta y la Gendarmería Nacional.
El 28 de julio de 2011, Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan José Velázquez fueron asesinados por la policía de la provincia de Jujuy durante el desalojo de un reclamo por acceso a viviendas en la ciudad de Libertador General San Martín.
Distintas fuerzas de seguridad realizaron un operativo violento a una comunidad mapuche, que lleva adelante un proceso de recuperación de tierras ancestrales.
El Tribunal Oral Federal N 6 dio a conocer el fallo por la represión policial del 20 de diciembre de 2001 que ocasionó cinco muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires.
El recurso de queja presentado ante la CSJN es para evitar el cierre de la causa penal que investiga la quema de 17 casas de la comunidad Qom – La Primavera durante la represión del 23 de noviembre de 2010.
La detención arbitraria de Milagro Sala ocurre en el contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra contra las drogas. Por Gastón Chillier y Ernesto Semán.
El 16 de enero la dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, fue detenida arbitrariamente en la provincia de Jujuy por liderar una protesta contra decisiones del gobernador Gerardo Morales.
La ONU aceptó la denuncia contra el Estado argentino por la detención de Milagro Sala presentada por el CELS, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
El CELS envió sus consideraciones con motivo de la consulta que se encuentra abierta sobre el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones periodísticas se refirió a las críticas hechas por CELS al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones.
El protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales solicitaron a la CIDH que otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala.
Milagro Sala, dirigente del movimiento Tupac Amaru, fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y de sedición.
La Policía Bonaerense reprimió una protesta de trabajadores precarizados y cesanteados en la ciudad de La Plata.
Esta mañana la Gendarmería nacional reprimió una protesta de trabajadores de la empresa Cresta Roja que reclaman por el cobro pendiente de sus salarios y la continuidad laboral de 4500 personas.
En su alegato, el CELS, pidió que se condene a Enrique Mathov, Rubén Jorge Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi a penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitaciones especiales parar ejercer cargos públicos.
A partir del 11 de noviembre inicia la etapa de alegatos en el juicio por las muertes ocasionadas por la represión del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
La Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh La Primavera decidió presentarse con el patrocinio del CELS como querellante en la causa judicial que debe investigar el operativo policial de noviembre de 2010.
Ángel Verón, el militante social del MTD No al desalojo, murió luego de que permaneciera internado por una feroz golpiza por parte de la policía que intervino en la represión de la protesta que desarrollaban en intercepción de ruta 11 km 997 en reclamo de trabajo y viviendas, el pasado 24 de septiembre.
Se cumplen cinco años del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, que reclamaban por su pase a planta permanente y la reincorporación de un grupo de compañeros despedidos.
El 30 de septiembre, la comunidad indígena Nam Qom fue reprimida por la policía de Formosa con balas de plomo y de goma, mientras llevaba adelante una protesta en reclamo del derecho a la vivienda digna y que tuvo como resultado varias personas resultaron heridas, entre ellas niños.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas de José Pedraza y Juan Carlos Fernández y del resto de los imputados por el homicidio de Mariano Ferreyra.
Anoche la policía de Tucumán reprimió una manifestación frente a la casa de gobierno provincial.
Esta mañana, la Gendarmería Nacional reprimió a trabajadores de la línea 60 de colectivos que se encontraban realizando una protesta por un conflicto laboral que alcanza 53 despidos.
Se realizó una audiencia ante la Cámara de Casación Penal sobre la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra en la que se expusieron los planteos realizados por la fiscalía, las querellas y las defensas.
La justicia formoseña elevó a juicio la causa en la que está imputado por el delito de usurpación Félix Díaz, referente de la Comunidad Potae Napocna Navogoh -La Primavera.
La charla “Derecho a la protesta y violencia institucional: del Indoamericano a Ferguson” se realizará el jueves 4 de junio a las 18 hs. en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Sarmiento 2037, CABA.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, declaró en el juicio por las cinco muertes y los más de cien heridos causados por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto de los aspectos más trascendentes de esa política de no represión.
A pedido de varias organizaciones regionales, se realizó la primera audiencia sobre los derechos humanos en contextos de protesta social ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
El 3 de febrero de 2011, la policía bonaerense comenzó a disparar balas de plomo contra un grupo de vecinos del barrio La Cárcova que se había acercado al lugar en el que había descarrilado una formación del Mitre. Las balas de la policía mataron a Franco Almirón y a Mauricio Ramos, e hirieron de gravedad a Joaquín Romero.
El 20 de diciembre de 2001, en el contexto de una grave crisis económica y social, cinco personas murieron y 200 fueron heridas, en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una represión policial de la protesta.
En diciembre de 2010, un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Metropolitana (PM), reprimió con extrema violencia la toma del Parque Indoamericano, llevado adelante por un conjunto de familias, y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas.
Mañana comienza el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero- Vía Campesina (MOCASE- VC), en noviembre de 2011 por parte de un grupo armado irrumpió en una reunión de esa organización.
Los trabajadores de la empresa Lear, que ocupaban algunos carriles de la Panamericana en protesta por los cuarenta obreros despedidos que no fueron reincorporados, fueron reprimidos por un operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional.
Se cumplen cuatro años del asesinato de Mariano Ferreyra.
Comienza el juicio a los referentes sociales Diosnel Pérez y Leonardo Nardulli por la ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.
Un grupo de trabajadores del diario Hoy fue reprimido por un operativo de la Policía Bonaerense mientras se manifestaban en la puerta de la empresa propietaria del medio, en la ciudad de La Plata.
Presentaron como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires en la causa que investiga a Diosnel Pérez y Leonardo Nardulli por el delito de usurpación durante la toma del Parque Indoamericano .
Aclaración del CELS respecto a las afirmaciones de la ministra y del secretario de Seguridad, Cecilia Rodríguez y Sergio Berni, sobre el proceso de discusión de protocolos para las fuerzas de seguridad en el que haya estado involucrado el coronel retirado Roberto Ángel Galeano.
El 26 de junio de 2002, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados. En todos estos años, el poder judicial no avanzó en la investigación sobre las responsabilidades de funcionarios políticos, ni de los altos mandos de las fuerzas de seguridad que participaron de los hechos.
Los operativos realizados por Gendarmería para desalojar a los trabajadores de la empresa autopartista Lear mostraron que persiste una tendencia represiva frente a las protestas sociales.