Luego de la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena por cuatro años más. Es una herramienta para frenar los desalojos de las comunidades de sus territorios y relevar las tierras ancestrales en la Argentina.
La Cámara de Diputados debe tratar la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial, que ya fue aprobada en el Senado. Su objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y hacer un relevamiento de las tierras ancestrales a lo largo del territorio nacional.
La desigualdad y la exclusión, la falta de acceso a la tierra y a la vivienda son el resultado de políticas públicas. El déficit habitacional argentino tiene características que pueden abordarse desde un paradigma de derechos humanos.
El viernes 29 a las 19 hs, junto con ACIJ, debatiremos con el público sobre los problemas de acceso al hábitat digno, luego de la proyección de “Los relocalizados”, película de Darío Arcella. Los y las esperamos en el Gaumont.
El 7 de septiembre el Senado debe tratar la prórroga de la ley 26.160, de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. La ley suspendió los desalojos y obligó al Estado a realizar un relevamiento de las tierras.
La finalidad de este manual es facilitar la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires y promover una comprensión integral de la problemática que aborda y de las herramientas de gestión territorial que ofrece, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población.
La prórroga de la ley es un imperativo de derechos humanos. En la actualidad hay 1532 comunidades identificadas, de las que solo el 30% cuentan con el relevamiento de sus tierras ancestrales.
Se prohibió por ley a las inmobiliarias la exigencia de honorarios o comisiones a quienes alquilan. El proyecto que se votó no contempla otras medidas de protección a los inquilinos propuestas por distintas organizaciones.
El Comité DESC de la ONU publicó una observación general que resulta una guía y un insumo valioso para los Estados en la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
El proyecto oficial incorpora muchas de las demandas de los inquilinos aun resulta insuficiente para garantizar el acceso justo a una vivienda digna a miles de hogares porteños
Observaciones del CELS al proyecto de un nuevo Código Urbanístico elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno porteño admitió un 20% de aumento en la cantidad personas en situación de calle. Este incremento está vinculado a la situación económica y social de la ciudad donde aumentaron los indicadores de pobreza y desocupación. Además creció la cantidad de personas en alojamientos de tránsito que dependen de la ciudad.
En el barrio viven más de 800 familias sin acceso a servicios urbanos básicos. La justicia provincial intimó al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a proveer en un plazo no mayor a 180 días el acceso a agua potable, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos
En un registro de crónica, el artículo analiza las condiciones en las que viven los habitantes de Garrote, la precariedad en las viviendas y las particularidades zonales, y las herramientas de las organizaciones de derechos humanos en los conflictos por el suelo.
Las organizaciones sociales y ambientales que conforman el Cuerpo Colegiado alertan sobre un conjunto de faltas y fallas políticas e institucionales que han tendido a profundizarse en los últimos años. Reclaman a las autoridades que asuman de manera principal el compromiso que les cabe en la materia.
Ayer a la noche, el Ministerio de Trabajo de la Nación suspendió, por segunda vez, las elecciones del sindicato de empleados y trabajadores del Ingenio Ledesma (SOEAIL). Esta decisión ocurre en un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia.
En un contexto de creciente conflictividad laboral, organizaciones sindicales, de abogados laboralistas y de derechos humanos discutimos sobre la independencia de la justicia del trabajo y la defensa los derechos laborales.
Facundo Jones Huala, integrante del Pueblo Mapuche, fue detenido el 26 de junio de manera arbitraria. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y gran cantidad de colectivos denunciamos utilización de herramientas judiciales para criminalizar a líderes indígenas y perseguir y hostigar a las comunidades indígenas.
Esta publicación desarrolla diez ejes que requieren de políticas públicas, normativa y gestión territorial para transforar las dinámicas que reproducen la precariedad habitacional. El acceso al hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los servicios, acordes a las realidades urbanas y rurales.
Se presentó en la Legislatura Porteña el proyecto de ley que busca regular el mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores de distintos bloques.
Son los dueños del taller textil en el que una mujer y cinco menores de edad murieron como consecuencia de un incendio en 2006. Las personas migrantes son especialmente perjudicadas por la explotación laboral en los talleres.
Distintas organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la ministra Carolina Stanley que asegure la continuidad de las pensiones dadas de baja y le planteamos la insuficiencia de las explicaciones que se brindaron públicamente.
El proyecto busca garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario y equilibrar la relación entre locadores y locatarios.
El déficit en el acceso al hábitat digno afecta a quienes viven en las ciudades, a campesinos e indígenas, a sectores sociales de ingresos bajos y medios. Durante una jornada, especialistas de la Argentina y de la región debatieron sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda e intervenir en la desigualdad territorial.
En la capital de la provincia de Neuquén la policía de la provincia llevó adelante un operativo de desalojo violento en el que más de diez personas fueron heridas por el uso de balas de goma. Las familias ocupaban un terreno en reclamo de su derecho a la tierra y la vivienda y había un proceso de conciliación convocado por la Defensoría del Pueblo.
El Consenso Nacional para un Hábitat Digno propone un debate amplio y crítico y la puesta en marcha de diez políticas y estrategias dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado en la Argentina.
El porcentaje de inquilinos aumentó de 11 a 18 por ciento entre 2001 y 2016, en un contexto en el que el mercado impone los costos y las condiciones. Ley de alquileres entró en debate. Opinión de Luna Miguens y Leandro Vera Belli.
Organizaciones de la sociedad civil firmamos una carta de repudio a la detención de Agustín Santillán y otros referentes Wichís en Formosa.
La Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, provincia de Buenos Aires, confirmó la medida cautelar que ordenó el suministro de servicios urbanos básicos al barrio Garrote
El Acuerdo para la Reactivación de la Construcción busca promover la actividad económica a través de la construcción de 100 mil viviendas, pero no contempla medidas para intervenir sobre el mercado del suelo lo que terminará favoreciendo la especulación.
En la Argentina alquilan 7 millones de personas. Es necesario un marco normativo que regule los alquileres y políticas públicas que incidan en la oferta y garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. Con frecuencia los inquilinos están expuestos a prácticas abusivas del mercado inmobiliario y las familias son empujadas hacia los mercados de alquiler informal y al hacinamiento.
Siete organizaciones presentamos a la CIDH nuestros comentarios sobre su informe preliminar “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en las Américas”.
La Corte dictó una sentencia de seguimiento a su fallo de 2008 que reafirmó la necesidad de recomponer el ambiente y prevenir daños futuros.
Su aprobación profundizaría la falta de transparencia y arbitrariedad que han caracterizado los procedimientos de aprobación de los proyectos urbanos en la Provincia de Buenos Aires.
Tanto los plazos, las obligaciones y los objetivos impuestos en el fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia se encuentran altamente incumplidos.
La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para evaluar el estado de avance de las acciones del Plan Integral de Saneamiento.
Los países de la ONU están discutiendo una Nueva Agenda Urbana, cuyo objetivo es fijar estándares internacionales para reducir la cantidad de hogares sin vivienda y alcanzar un desarrollo urbano sustentable para los próximos 20 años.
El CELS se presentó como amicus curiae en una demanda de laboratorios extranjeros contra el Estado argentino.
El CELS se presenta como amicus curiae ante la CSJN por el aumento de la tarifa del gas.
A pesar del acceso de amplios sectores a políticas públicas inclusivas, las ocupaciones, los asentamientos informales y las tomas de tierra persisten como conflictos en los que se concentra un vasto conjunto de vulneraciones de derechos.
En nuestro país, la proliferación de countries y barrios cerrados durante las últimas tres décadas generó una forma particular de discriminación socio-territorial. En esa disputa por el acceso a un hábitat digno, el Poder Judicial es convocado a pronunciarse con más frecuencia y en contextos cada vez más complejos. Opinión de Eduardo Reese, Santiago Sánchez y Carlos Píngaro Lefevre.
En la Argentina, los ciclos de endeudamiento externo no generaron inversión para el desarrollo sino que aumentaron la fuga de divisas ya que ese es el modo de funcionamiento del patrón de acumulación financiero que se consolidó durante la última dictadura.
El 4 de diciembre coorganizamos con el Lincoln Institute of Land Policy el encuentro “Avances y desafíos del ordenamiento territorial y la gestión del suelo en la Argentina”, que se desarrolló como cierre del curso “Aspectos jurídicos de las políticas de suelo”.
La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de Naciones Unidas, Leilani Farha, y el CELS cerraron hoy, en la ciudad de Buenos Aires, una consulta internacional enfocada en la situación de las personas sin hogar y el derecho a la vivienda.
En la noche de 13 de febrero de 2016 Oscar, un niño de 8 años, fue asesinado por un grupo armado que disparó a mansalva contra un conjunto de casas ubicadas en el barrio Unión, partido de Merlo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Ocurrió en las inmediaciones del asentamiento “Nueva Esperanza”, resultado de … Continued
Este cuadernillo reúne los artículos presentados en la Jornadas de debate del “Consenso Nacional por Hábitat Digno”, realizadas los días 11 y 12 de diciembre de 2014, en la ciudad de Buenos Aires.
Los estándares de derechos humanos dan un marco normativo y un conjunto de parámetros y directrices aplicables a todas las fases del ciclo de diseño, elaboración, implementación y evaluación de la política fiscal. Este informe fue presentado durante el 156° Periodo de Sesiones de la CIDH.
Los países del Grupo 77 más China, promueven los principios básicos para los procesos de reestructuración de deuda soberana, que plantean la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de deuda más justos y equitativos.
El Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta reúne la misma precariedad edilicia y de infraestructura que una villa de emergencia. La única diferencia con estas barriadas populares se encuentra en su origen, ya que fue construido por el propio Estado en 1969, durante el gobierno de facto de Onganía. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires … Continued
El CELS participará como amicus curiae en la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la titularidad del derecho a la huelga.