Pedimos información a los gobiernos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y nacional sobre cómo se regulará el uso de pistolas de descarga eléctrica. Su “menor letalidad” no puede ser una excusa para ampliar los márgenes de uso de la fuerza policial.
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.
La militarización de la seguridad pública está en aumento en el continente, con consecuencias muy preocupantes. Por eso 17 organizaciones de 10 países solicitamos una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el 6 de diciembre.
El gobierno modificó la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad. La decisión debilita los controles judiciales y la amplitud de las definiciones de “peligro inminente” justifica y habilita un uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley de Seguridad Interior de México perpetúa la intervención de los militares en tareas tradicionalmente policiales, a pesar de que la Constitución mexicana y los estándares internacionales determinan que las tareas de seguridad pública deben ser ejercidas por autoridades civiles. Por los graves impactos sobre los derechos humanos que tiene la militarización de la seguridad, en una carta abierta el CELS instó a la Suprema Corte de México a que se pronuncie en contra de esta ley.
La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.
Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.
El tribunal determinó que las leyes del Reino Unido que habilitan la vigilancia estatal masiva violan los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. El fallo trasciende Europa ya que la jurisprudencia del tribunal europeo es muchas veces considerada y recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La extradición de Jones Huala socava la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, consolida la cooperación política, policial y de inteligencia con Chile para criminalizar los reclamos del pueblo mapuche.
La muerte del niño Ismael Ramírez exige tanto una investigación imparcial como que se pongan en marcha políticas de resolución de los conflictos sociales orientadas a reducir la violencia y proteger la vida.
Monica Benício, la pareja de Marielle Franco vino al país para encontrarse con personas y organizaciones que han luchado por la justicia e intercambiar experiencias y estrategias. A casi seis meses del asesinato de Marielle, no sabemos todavía quiénes la mandaron a matar ni con qué motivación.
Organizaciones de derechos humanos,tecnología, género y libertad de expresión presentaron observaciones al proyecto de reforma del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de internet.
La reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el gobierno, que les da misiones de seguridad interior, no responde a los problemas reales en el país e implica riesgos para los derechos humanos, escriben Gastón Chillier y Paula Litvachky en una nota de opinión.
De aprobarse, la propuesta de reforma del Código de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires alimentará prácticas policiales frecuentes como las detenciones arbitrarias y la discrecionalidad.
El Poder Ejecutivo publicó un decreto que modifica la política para las Fuerzas Armadas. Esos cambios modifican las misiones que a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años.
El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios sobre la participación de las FFAA en la persecución de las “nuevas amenazas”.
El proyecto en agenda agravaría los problemas que ya hay. Desde ICCSI presentamos un informe técnico donde se detallan las omisiones, deficiencias y confusiones en las que recae el proyecto presentado por el senador Urtubey. Además, solicitamos al Senado que abra un proceso de debate público.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos por prescripción del ex jefe de la Armada Argentina, Jorge Omar Godoy, y del ex subjefe, Benito Rótolo. Cuando interviene un funcionario público, no cabe la figura de la prescripción.
El jueves 7 de junio presentamos un informe sobre los riesgos del ingreso de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior.
Ante los anuncios del gobierno sobre el posible involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones des seguridad, el 7 de junio realizaremos un debate en el Congreso de la Nación con legisladores/as nacionales y especialistas.
El 5 de junio participamos de una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la que se discutió la nulidad de las escuchas realizadas a Sergio Maldonado, mientras su hermano Santiago estaba desaparecido. Pedimos que se confirme la nulidad de lo obtenido en las intervenciones telefónicas y que se investigue la filtración de escuchas a los medios de comunicación.
Un grupo de amplio de especialistas en temas de defensa y seguridad alertan sobre los riesgos que tendría la modificación por decreto del marco normativo argentino para permitir que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior.
El 23 de mayo podría aprobarse el proyecto de ley para regular las escuchas. que deja el estado de situación como está y en algunos casos lo empeora. No hay un país en el mundo que tenga un sistema de escuchas telefónicas como el argentino. El proyecto merece debate y la participación de expertos.
A partir de una serie de hechos en los que efectivos policiales mataron a particulares, relevamos que de los 38 agentes involucrados, 27 fueron absueltos, sobreseídos o su causa fue archivada; otros 7 se encuentran con sus causas aún en trámite, y solo 4 fueron condenados.
Ante las frecuentes denuncias que indican que los integrantes de la comunidad senegalesa que se dedican a la venta callejera son especialmente perseguidos, presentamos un pedido de informes al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.
El Senado de la Nación trataría el 18 de abril un proyecto de ley para regular las escuchas, que es confuso y agravaría los problemas que ya hay. Las organizaciones que conformamos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia solicitamos que el proyecto sea tratado en comisión y que se abra un proceso de debate público.
A partir de la causa judicial por espionaje en la Base Aeronaval Almirante Zar, el libro analiza las disputas y alianzas por la definición y configuración de las actividades legítimas de las fuerzas armadas. Es el primer título de la Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos, dirigida por María Pita.
En Buenos Aires se homenajeó a Marielle Franco con danza, música, poesía y una declaración conjunta de más de 90 integrantes de la comunidad brasileña y organismos de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones afro, villeras y LGBTIQ. La declaración se leyó durante el evento en el Parque de la Memoria.
El asesinato de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, es un hecho de extrema gravedad que genera gran preocupación en la Argentina y en toda la región.
La semana pasada se conocieron nuevas transacciones financieras vinculadas al titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta no es la primera vez que Gustavo Arribas es mencionado como receptor de fondos de origen ilícito en cuentas bancarias a su nombre. Desde la ICCSI solicitamos que Arribas explique estas operaciones financieras y aporte material documental al respecto.
A través de este caso, y en un ejercicio de demagogia punitiva, el gobierno nacional busca nuevamente instalar la idea de que existe un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es “soltarle la mano” a la policía para que actúen sin respetar las reglas.
El gobierno ruso multó a Telegram, la aplicación de mensajería instantánea, y podría bloquear su uso en ese país porque la empresa se negó a darle acceso a las comunicaciones entre los usuarios. Las organizaciones que pertenecen a la red INCLO, el CELS entre ellas, buscan frenar esas medidas.
Aun no es posible caracterizar un modelo único, coherente y homogéneo de las políticas de seguridad de Cambiemos. En algunos aspectos, el recambio de autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires no constituyó un punto de quiebre: las políticas de seguridad y las policías arrastran dinámicas de largo alcance, inercias institucionales y medidas que se repiten, ya observadas en la errática gestión de la seguridad ciudadana entre 2003 y 2015.
El gobierno rechazó las acreditaciones de 65 personas que planeaban participar en la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires y envío una lista con sus nombres a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Dos personas que figuraban ahí fueron deportadas.
El gobierno argentino revocó las acreditaciones de actores clave de la sociedad civil ante la Organización Mundial de Comercio. Como pretendida justificación de esta medida reconoció que se basó en un análisis de las redes sociales de las organizaciones con el fin de excluir a las que fueron consideradas “disruptivas”. Presentamos con un conjunto de organizaciones una carta para que la decisión sea revertida.
En un pronunciamiento conjunto de 11 organizaciones advertimos sobre los peligros de aprobar una ley que permita militarizar la seguridad interior en México, por el impacto que tendría en los derechos humanos en ese país y por el precedente negativo que se sentaría en América Latina.
El artículo aborda las dinámicas de violencias en las tomas de tierras y asentamientos y el rol de los mercados ilegales que encuentran condiciones para su expansión en los contextos de alta vulnerabilidad.
Ramy Raoof, experto en temas de seguridad digital, asegura que la vigilancia estatal tiene consecuencias nocivas aun cuando no se usa para perseguir a las personas. Ramy ha trabajado en Medio Oriente y el norte de África y vino a la Argentina en el marco de una iniciativa de la red INCLO.
La ICCSI presentó un amparo para que la AFI brinde la información que solicitamos en junio y que su director se negó a dar con el argumento de que está “clasificada”, sin brindar ningún fundamento legal. Nuestro pedido es para evaluar el estado de implementación de las reformas introducidas en la Ley Nacional de Inteligencia en 2015.
La International Network of Civil Liberties Organizations puso en marcha una acción global para pedir a los gobiernos que informen sobre los acuerdos que existen entre las agencias de inteligencia y el intercambio de datos entre los países. En la Argentina, pedimos información a la AFI.
El juzgado donde tramita el amparo presentado por el CELS contra el “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales” convocó a presentar argumentos contra el alcance negativo de la resolución, que le permite a los agentes actuar a partir de información anónima y del “olfato policial”.
La reforma de la Ley Nacional de Migración mediante un decreto, busca vincular la migración con el delito y endurecer el control de la población migrante.
El debate sobre las pistolas Taser no debe eludir el problema de fondo: el uso abusivo de la fuerza arraigado en las policías y fuerzas de seguridad. Se debe someter a discusión el modelo de seguridad centrado en “más patrulleros, más cámaras, más policía, más armas”. Columna de opinión de Paula Litvachky y Manuel Tufró.
Durante dos décadas la investigación del atentado a la AMIA estuvo cruzada por operaciones y desvíos, atada a los vaivenes de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, con la justicia federal instrumentada a ese fin. La muerte de Nisman es otro punto trágico del calvario de las víctimas.
Con una estrategia basada en la demagogia punitiva, distintos funcionarios sostuvieron que hay que bajar la edad de punibilidad para los jóvenes que cometen delitos y modificar el régimen penal juvenil. Sin embargo, el gobierno no presentó ningún proyecto, antes bien reforzó el sentido común con propuestas punitivas salvadoras, ya desmentidas por la realidad.
Habitantes del barrio de Flores protestaron en la Comisaría 38 por hechos graves que atribuyeron a la antigua connivencia de esa comisaría con negocios ilegales y la existencia de “zonas liberadas”. El GCBA respondió a estos reclamos con las tradicionales medidas de mayor presencia policial en las calles y mayor control poblacional.
Mirá el relato de tres víctimas de violencia institucional
Este informe ofrece una mirada al ras de algunas de las formas en que la vigilancia, en particular la vigilancia electrónica digital, está impactando en la vida de ciudadanos y residentes de diez países de África, América, Asia, Europa y Medio Oriente.