Frente a hechos de inseguridad y violencia, las autoridades políticas deberían encauzar los debates públicos en las cuestiones centrales que debe priorizar el Estado: proteger la vida ante todo, garantizar la seguridad y no fomentar respuestas que recrudecen la violencia.
Durante la pandemia, se incrementaron los procesos de vigilancia por parte de los Estados, generalmente sin transparencia en cuanto a los métodos empleados o el destino de la información recolectada. Esto constituye una violacion a derechos humanos como la libertad de expresion y de manifestacion y a la privacidad.
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes abrazamos a la familia del joven y exigimos una investigación seria.
La causa contra Kevin Guerra fue iniciada a partir de prácticas de vigilancia ilegales. El sistema judicial debe cumplir su rol de garantía y no convalidarlas.
Presentamos las observaciones del CELS sobre las actividades de inteligencia denominadas “ciberpatrullaje” y sobre la propuesta de protocolo para regularlas realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el CELS presentamos un recurso de amparo para pedir que el gobierno de Salta deje de aplicar el DNU 255/2020.
Pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación información sobre las medidas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales que fueron denominadas como “ciberpatrullaje”.
Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia.
El ministerio de Seguridad derogó los protocolos que promovían las intervenciones policiales discriminatorias y alentaban el uso de la fuerza.
A casi once años de la desaparición de Luciano, sus familiares y amigues continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
Una combinación de formas de proceder del sistema judicial y del Poder Ejecutivo dificulta la investigación exhaustiva de las muertes, la atribución de responsabilidades y la reconstrucción de la verdad.
Como respuesta a las “nuevas amenazas”, los Estados están ampliando sus funciones represivas. El gobierno de Cambiemos desplegó nuevas y viejas prácticas de inteligencia legal e ilegal y de criminalización de activistas, referentes y organizaciones. Esta política también debilitó los controles democráticos.
La posible reforma de una serie de artículos del código contravencional de la ciudad agravaría la persecución y criminalización de las personas que trabajan en la vía pública.
En la audiencia de alegatos ante la CIDH, el CELS y Memoria Activa afirmaron, una vez más, que el caso AMIA es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la manipulación política. Esta audiencia fue el último paso antes de que la CIDH dicte el informe de admisibilidad y fondo y pase el caso a la Corte.
La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.
El secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, visitó la Argentina, ¿quién es y a qué vino?
Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.
El gobierno decidió poner a las fuerzas de seguridad a cargo de una política con supuestos fines educativos.
Otra vez, con la apelación a hechos supuestamente relacionados con el “terrorismo”, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas que nada tenían que ver. Es necesario que el poder judicial refuerce el control de la actuación policial y la protección de los derechos.
Es necesario refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática. Proponemos, para eso, un proceso que comience con la disolución de la AFI y continúe con un cambio normativo, organizativo y de prácticas. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) está integrada por el Ilsed, la Fundación Vía Libre, NEGyS (UMET) y el CELS.
Desde diciembre de 2018, se está realizando en los tribunales de San Martín el juicio por la desaparición y el homicidio de José Díaz. El viernes 15 de marzo y el miércoles 20, la querella que representa a su familia expuso su alegato. El único imputado es el ex general Alfredo Arrillaga.
Hoy concluyó el juicio por el atentado a la AMIA que comenzó el 6 de agosto de 2015. El ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia y el ex secretario de inteligencia Anzorreguy fueron condenados.
Pedimos información a los gobiernos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y nacional sobre cómo se regulará el uso de pistolas de descarga eléctrica. Su “menor letalidad” no puede ser una excusa para ampliar los márgenes de uso de la fuerza policial.
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.
La militarización de la seguridad pública está en aumento en el continente, con consecuencias muy preocupantes. Por eso 17 organizaciones de 10 países solicitamos una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el 6 de diciembre.
El gobierno modificó la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad. La decisión debilita los controles judiciales y la amplitud de las definiciones de “peligro inminente” justifica y habilita un uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley de Seguridad Interior de México perpetúa la intervención de los militares en tareas tradicionalmente policiales, a pesar de que la Constitución mexicana y los estándares internacionales determinan que las tareas de seguridad pública deben ser ejercidas por autoridades civiles. Por los graves impactos sobre los derechos humanos que tiene la militarización de la seguridad, en una carta abierta el CELS instó a la Suprema Corte de México a que se pronuncie en contra de esta ley.
La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.
Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.
El tribunal determinó que las leyes del Reino Unido que habilitan la vigilancia estatal masiva violan los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. El fallo trasciende Europa ya que la jurisprudencia del tribunal europeo es muchas veces considerada y recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La extradición de Jones Huala socava la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, consolida la cooperación política, policial y de inteligencia con Chile para criminalizar los reclamos del pueblo mapuche.
La muerte del niño Ismael Ramírez exige tanto una investigación imparcial como que se pongan en marcha políticas de resolución de los conflictos sociales orientadas a reducir la violencia y proteger la vida.
Monica Benício, la pareja de Marielle Franco vino al país para encontrarse con personas y organizaciones que han luchado por la justicia e intercambiar experiencias y estrategias. A casi seis meses del asesinato de Marielle, no sabemos todavía quiénes la mandaron a matar ni con qué motivación.
Organizaciones de derechos humanos,tecnología, género y libertad de expresión presentaron observaciones al proyecto de reforma del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de internet.
La reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el gobierno, que les da misiones de seguridad interior, no responde a los problemas reales en el país e implica riesgos para los derechos humanos, escriben Gastón Chillier y Paula Litvachky en una nota de opinión.
De aprobarse, la propuesta de reforma del Código de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires alimentará prácticas policiales frecuentes como las detenciones arbitrarias y la discrecionalidad.
El Poder Ejecutivo publicó un decreto que modifica la política para las Fuerzas Armadas. Esos cambios modifican las misiones que a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años.
El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios sobre la participación de las FFAA en la persecución de las “nuevas amenazas”.
El proyecto en agenda agravaría los problemas que ya hay. Desde ICCSI presentamos un informe técnico donde se detallan las omisiones, deficiencias y confusiones en las que recae el proyecto presentado por el senador Urtubey. Además, solicitamos al Senado que abra un proceso de debate público.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos por prescripción del ex jefe de la Armada Argentina, Jorge Omar Godoy, y del ex subjefe, Benito Rótolo. Cuando interviene un funcionario público, no cabe la figura de la prescripción.
El jueves 7 de junio presentamos un informe sobre los riesgos del ingreso de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad interior.
Ante los anuncios del gobierno sobre el posible involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones des seguridad, el 7 de junio realizaremos un debate en el Congreso de la Nación con legisladores/as nacionales y especialistas.
El 5 de junio participamos de una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la que se discutió la nulidad de las escuchas realizadas a Sergio Maldonado, mientras su hermano Santiago estaba desaparecido. Pedimos que se confirme la nulidad de lo obtenido en las intervenciones telefónicas y que se investigue la filtración de escuchas a los medios de comunicación.
Un grupo de amplio de especialistas en temas de defensa y seguridad alertan sobre los riesgos que tendría la modificación por decreto del marco normativo argentino para permitir que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior.
El 23 de mayo podría aprobarse el proyecto de ley para regular las escuchas. que deja el estado de situación como está y en algunos casos lo empeora. No hay un país en el mundo que tenga un sistema de escuchas telefónicas como el argentino. El proyecto merece debate y la participación de expertos.
A partir de una serie de hechos en los que efectivos policiales mataron a particulares, relevamos que de los 38 agentes involucrados, 27 fueron absueltos, sobreseídos o su causa fue archivada; otros 7 se encuentran con sus causas aún en trámite, y solo 4 fueron condenados.
Ante las frecuentes denuncias que indican que los integrantes de la comunidad senegalesa que se dedican a la venta callejera son especialmente perseguidos, presentamos un pedido de informes al gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.
El Senado de la Nación trataría el 18 de abril un proyecto de ley para regular las escuchas, que es confuso y agravaría los problemas que ya hay. Las organizaciones que conformamos la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia solicitamos que el proyecto sea tratado en comisión y que se abra un proceso de debate público.
A partir de la causa judicial por espionaje en la Base Aeronaval Almirante Zar, el libro analiza las disputas y alianzas por la definición y configuración de las actividades legítimas de las fuerzas armadas. Es el primer título de la Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos, dirigida por María Pita.