Mañana comienza el juicio oral contra Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada, y Benito Rótolo, ex subjefe, por las tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut.
Hoy, en el Senado, obtuvo media sanción el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales fue convocado al plenario de comisiones del Senado para presentar observaciones al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Inteligencia.
Aportes del CELS sobre la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para la discusión en el Congreso.
A partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se volvió a instalar en la agenda pública el rol de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la investigación del atentado a la AMIA, las maniobras de encubrimiento y la reforma pendiente de la Ley de Inteligencia Nacional.
En el marco del los graves hechos de violencia institucional ocurridos en las últimas semanas, el CELS elaboró un informe donde se analizan las políticas de seguridad nacional y locales.
En agosto de 2014 se cumplieron cuatro meses de la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Las medidas dispuestas reiteran las ya fracasadas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y anuncios de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones. Este documento, un power point, aborda … Continued
Presentamos ante los diputados de la provincia de Buenos Aires cuál fue el saldo de la emergencia en seguridad declarada por el gobernador Daniel Scioli, a cuatro meses de anunciada. Con medidas que reiteran otras que ya fracasaron, el gobierno muestra la cantidad de muertos ocasionados por el accionar de la Policía Bonaerense como si fuera un indicador de éxito.
Diferentes debates sirvieron para el despliegue de un discurso de endurecimiento punitivo: la amenaza del narcotráfico como causa de todos los males; el debate irracional sobre un proyecto de reforma del Código Penal y la justificación de los ataques violentos contra ciudadanos involucrados en situaciones de supuesta o efectiva flagrancia como prédica de la ausencia del Estado. Las respuestas que se ofrecen son repetidas y de largo y probado fracaso.
En los últimos meses se desplegaron fórmulas de mano dura en relación con el problema del delito y la violencia. Este documento realiza aportes para una respuesta democrática y efectiva a los problemas del delito y la violencia. Una cronología muestra los fracasos de la mano dura en el país.
El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), presentó en el Congreso Nacional el documento “Para más seguridad, más democracia” que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal.
Las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos. En igual sentido, la desprotección de los ciudadanos, lejos de un método legítimo de reclamo, resulta una forma inadmisible de amenaza pública.
En este capítulo se intenta identificar los puntos de encuentro y desfase entre las problemáticas de derechos humanos más graves provocadas por el accionar policial y las políticas de gobierno en materia de seguridad.
El documento analiza su intervención en situaciones de protesta, como las que tuvo en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el Hospital Borda, entre otras. Investiga, además, otras prácticas de violencia en situaciones de desalojo, allanamientos y casos de uso letal de la fuerza.
El CELS objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales. Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que rechacen el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo provincial que restringe las excarcelaciones por portación de armas de fuego ilegítimas. Esta iniciativa que promueve el uso masivo de la prisión … Continued
El juez Enrique Guanziroli condenó a 13 marinos con penas que oscilaron entre seis meses y un año y medio, y absolvió al Capitán de Corberta Cristian Andrés Vidal por actividades de inteligencia interna que se realizaban desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.
El juez subrogante en el juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli dará a conocer su veredicto por las actividades de inteligencia interna que se realizaban desde la Base Aeronaval Almirante Zar.
En este capítulo se evalúan los modelos de gobierno de seguridad y su relación con los derechos humanos en las jurisdicciones federal, bonaerense y porteña.
El uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran de franco o personal retirado de las fuerzas es un aspecto problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la Policía de la provincia de Buenos Aires y más recientemente en la Policía Metropolitana.
El comienzo del juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 5 de marzo. Sin embargo la audiencia debió suspenderse ante la repentina ausencia de algunos abogados defensores. El CELS pidió sanciones para los abogados reticentes y la designación de defensores oficiales sustitutos.
El 5 de junio comienza el juicio oral y público a 14 marinos acusados de realizar actividades de inteligencia interna desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.
En este capítulo se analiza el sistema de seguridad, poniendo énfasis en el trabajo político respecto de la policía y en la relación entre seguridad y derechos humanos.
Este capítulo se propone aportar al debate sobre las modificaciones necesarias en la Policia Federal Argentina (PFA).
Organizaciones sociales y referentes políticos presentaron, en La Plata, un documento que propone una reforma de la política de seguridad bonaerense que ponga freno a la violencia policial y brinde respuestas efectivas.
La creación del Ministerio de Seguridad representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas destinadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, que fueron postergadas desde la recuperación de la democracia.
El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática presentó hoy en el Congreso su proyecto para crear un Observatorio Nacional del Delito y la Violencia.
Representantes del Acuerdo de Seguridad Democrática difundieron un comunicado en el que afirman que apelar a la ley, la justicia y la policía, en términos generales, sin explicar por qué se producen los hechos de violencia, demuestra que las políticas de seguridad se implementan a ciegas.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Bariloche adhirió al Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) impulsado por el CELS junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales que tiene como objetivo de fijar lineamientos básicos para el desarrollo de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
El CELS y la CPM, junto a legisladores, referentes sociales y expertos en seguridad, presentaron ayer en la ciudad de La Plata el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD). Más tarde, el presidente del CELS Horacio Verbitsky, su director ejecutivo Gastón Chillier y el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian presentaron el documento a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se limitó en general a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. Algunos procesos de reforma tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
Legisladores de todas las fuerzas políticas participaron hoy en la Cámara de Diputados de la reunión de la comisión de Seguridad Interior en la que se presentaron algunas de las iniciativas impulsadas por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD).
El 1° de Junio en el segundo piso, salón 2, del Anexo de la Cámara de Diputados, legisladores, expertos y organizaciones de la sociedad civil debatirán sobre seguridad.
En este capítulo se destaca que durante todo el año la demanda pública se focalizó en la criminalidad juvenil, en la supuesta limitación legal para detener a personas que infringen la ley y en el fingido menoscabo de las facultades policiales y que eso explica buena parte de las políticas asumidas por los distintos gobiernos.
La presentación del acuerdo se realizó en el Congreso Nacional y participaron, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, políticos, sociales, religiosos, culturales y de los derechos humanos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió esta carta al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, donde impugna la designación de Jorge Palacios como jefe de la policía metropolitana.
La gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, iniciada en 2005 ha enfatizado el impulso de la integración de las fuerzas armadas a la sociedad y al marco democrático.
La inseguridad suele ser presentada como un fenómeno vinculado al desorden, frente al cual diversos actores reclaman al Estado que incremente el control y el castigo.
Las instituciones policiales operan con un grado preocupante de violencia, que muchas veces se ve legitimado por los discursos en torno al crecimiento del delito y la inseguridad.
El documento propone instalar nuevamente el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en sociedades democráticas, y en procesos de integración regional, con el objetivo de superar una tradición autoritaria que ha jugado en el pasado un rol contrario al sostenimiento de la democracia.
El CELS presentó un escrito en el que solicitó se cite a declaración indagatoria a los altos mandos de la Armada por las prácticas ilegítimas de inteligencia que realizaba el Servicio de Inteligencia Naval en Trelew.
A pesar de los cambios positivos producidos en los últimos años, la violencia sigue siendo uno de los problemas institucionales más serios que afronta la democracia argentina.
Se trata del ex comisario Carlos Rico Teijeiro, quien estuvo vinculado a la represión ilegal durante la última dictadura militar .
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de nueve marinos y los jefes de inteligencia de la Armada en Puerto Belgrano, Eduardo Avilés, Cristian Vidal y Carlos Vázquez.
En este capítulo se revisan, las particularidades que tuvo el debate en torno a la seguridad durante año, prestando atención a los discursos que se destacaron en la discusión pública e identificando las intervenciones del gobierno que contribuyeron a contrarrestar o a reafirmar el liderazgo de ciertos referentes e ideas. Luego se identifican actores con presencia pública en esta agenda.
En este capítulo se examinan las tendencias estadísticas y los casos más graves de violencia policial en la región metropolitana de Buenos Aires. Luego, se analizan los hechos de violencia institucional que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y las reformas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Seguridad.
La definición de políticas de defensa, así como las cuestiones relacionadas con la organización y conducción de las Fuerzas Armadas (FFAA) son tareas que, desde el retorno democrático, han quedado en manos de las propias fuerzas.
En este libro, el CELS advierte que estamos en presencia de una situación compleja respecto a las políticas de seguridad ciudadana que requieren soluciones complejas.
Este capítulo presenta elementos para analizar el desarrollo, durante 2004, de un proceso que fortaleció una perspectiva de seguridad contraria a los derechos humanos.
La simplificación del problema de la seguridad a una sola dimensión -el uso del poder punitivo del Estado- lo reduce sin resolverlo. A la vez, restringe las nociones de derechos de ciudadanía de los actores involucrados y acota el campo del control, tanto en su legitimidad como en su eficacia.