La Cámara Federal de San Martín realizará una audiencia para analizar los procesamientos de nueve manifestantes que en 2014 reclamaban contra despidos en la automotriz. El CELS se presentó en la causa para pedir los sobreseimientos.
La publicación es una recopilación de historias que muestra cómo el uso de estos programas de vigilancia afecta los derechos y la vida cotidiana de los ciudadanos en 13 países de América, África, Europa, Asia y Australia. Destaca la necesidad de más protección de nuestros derechos.
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de una protesta social. Desde entonces permanece privada de la libertad de manera arbitraria. Comunicado de Andhes, Amnistía Internacional y el CELS.
Tras un año de manifestaciones callejeras en Chile, apoyamos al pueblo chileno en su reclamo por una nueva constitución que deje atrás las prácticas institucionales de la dictadura.
Este libro presenta los resultados de una investigación colectiva sobre las diversas formas en que víctimas y familiares se han afirmado como actores legítimos y portavoces de demandas de justicia.
Las manifestaciones estallaron en respuesta al asesinato de George Floyd por la policia de Minneapolis el lunes pasado. INCLO condena el uso desproporcionado de fuerza contra manifestantes y llama a la policia a actuar en concordancia con los estándares internacionales sobre el uso de fuerza en situación de control de multitudes.
Organizaciones de toda América advertimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección sobre el derecho a protestar.
La referente de la organización barrial Tupac Amaru lleva ya cuatro años resistiendo los efectos de la persecución política y el hostigamiento judicial: su detención arbitraria. Fue detenida por protestar y la causa que se inició contra ella en ese momento está por ser elevada a juicio. La libertad de expresión es objeto de persecución penal.
Desde el principio de las manifestaciones en Chile, las autoridades llevaron adelante una represión sostenida e indiscriminada impensable desde la salida de Pinochet. Quedó en evidencia que las armas “menos letales” son inadecuadas para la gestión de protestas.
La Cámara de Casación Federal debe confirmar la reapertura de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado durante una violenta represión.
La misión visitó Santiago de Chile, Valparaíso y Temuco para reunirse con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos, así como con instituciones estatales. El resultado preliminar es un informe con el relevamiento de violaciones a los derechos humanos y recomentaciones al Estado chileno.
140 organizaciones de América latina se unen para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Chile y Ecuador.
Entre les detenides de manera arbitraria frente al Consulado de Chile se encontraba Myriam Selhi, integrante del CELS.
Los organismos de derechos humanos de la Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que vive el hermano pueblo de Ecuador a la vez que repudiamos la represión a la protesta social llevada adelante por el gobierno de Lenín Moreno.
Las investigaciones de la represión en la comunidad mapuche el 1 de agosto de 2017 y de las escuchas telefónicas a les familiares de Santiago deben reabrirse.
Además de ordenar que se investigue el operativo, los jueces consideraron que el ministerio de Seguridad tiene el “propósito de condicionar el curso de la pesquisa”.
La INCLO reconstruyó once historias de personas heridas durante protestas en distintas partes del mundo. Sobre esto hablamos en Niceto, en una entrevista colectiva.
La detención de los cuatro trabajadores es un nuevo ejemplo de criminalización de la protesta, del uso indiscriminado e injustificado de la prisión preventiva y de una aplicación peligrosa del derecho penal.
La represión en la feria de San Telmo y las detenciones arbitrarias son expresión de la política de intervención violenta de la Policía de la ciudad frente a acciones en el espacio público.
Hace cuatro meses, 17 personas fueron detenidas durante las protestas contra el presupuesto nacional. Distintos funcionarios públicos pidieron la expulsión del país de las que eran migrantes. Ahora, las investigaciones contra ellos fueron archivadas.
La líder de la organización barrial Tupac Amaru cumplió tres años de detención arbitraria y persecución política. La primera causa por la que fue detenida fue iniciada para criminalizar las protestas de su agrupación. Desde ese día, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” para sostener la privación de su libertad por tiempo indefinido.
El juez Gustavo Lleral decidió cerrar la investigación sin tener en cuenta que ocurrió en el contexto de un operativo represivo.
Con la excusa de la reunión del G20, el gobierno está promoviendo la construcción de enemigos internos e intenta justificar niveles aun mayores de persecución de la disidencia política y de represión y criminalización de la protesta.
El cuadro de persecución que el Estado viene desplegando sobre Milagro Sala persiste, a pesar de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia. Enviamos información actualizada sobre su situación a la Corte IDH.
La escalada represiva contra la protesta social se ha profundizado en la Argentina durante 2018. Enviamos este informe actualizado a las relatorías para la libertad de expresión de la CIDH y de la ONU.
En la represión de la protesta del 24 de octubre, la policía detuvo a militantes sociales y políticos. Además, el gobierno nacional amenazó con deportar a los migrantes que fueron detenidos.
La policía provincial reprimió al finalizar el 33° ENM. Hubo mujeres hospitalizadas con impactos de bala de goma de la cintura hacia arriba y disparados a corta distancia. Detuvieron a diez encuentreras y les iniciaron causas por “atentado y resistencia a la autoridad y daños”. La defensa pública pidió que se investigue el accionar policial ya que, además, hubo irregularidades en el procedimiento.
En una causa, el fiscal Germán Moldes sostuvo que un policía que participó en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 ya no debe ser investigado. En otra decidió revocar el sobreseimiento de un grupo de manifestantes.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de personas que se encontraban realizando trabajo periodístico durante una protesta. La labor de registro es fundamental para el ejercicio de los derechos de quienes se manifiestan y del derecho a la comunicación. Además de un mensaje contra el derecho constitucional a la protesta, el Poder Judicial no ejerce su función de control del accionar policial en esos contextos.
El CELS volvió a solicitar la destrucción de las escuchas telefónicas ordenadas por el ex juez de la causa. Además pidió la incorporación del informe final realizado por la procuraduría especializada en violencia institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la justicia de Jujuy que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala, tal como dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Desde el 7 de agosto, Milagro Sala está detenida en una cárcel federal, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que no estuviera encarcelada por el riesgo que implicaba para su integridad personal. Ampliamos la denuncia que hicimos ante la Corte IDH sobre este incumplimiento por parte del Estado nacional y provincial.
Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciamos el incumplimiento a la Corte IDH.
La represión de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad nicaragüenses y grupos parapoliciales ha provocado al menos 273 muertos y 1800 heridos en los últimos tres meses. Lo que empezó con manifestaciones en contra de una reforma previsional se ha transformado en una crisis de derechos humanos.
La investigación conjunta de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) y la IHRC (International Human Rights Clinic of the University of Chicago Law School) ofrece recomendaciones prácticas para la protección estatal de los derechos humanos en protestas y manifestaciones.
La represión de la protesta social en Nicaragua ha dejado un saldo de al menos 154 personas asesinadas y más de 1.300 personas heridas en los últimos dos meses. Se envió una carta a los cancilleres de los 35 Estados miembros de la OEA para pedir que sigan de cerca el Diálogo Nacional que está por reanudarse y actúen para promover una salida pacífica y negociada a la crisis que atraviesa el país.
El gobierno provincial reprimió una protesta de las comunidades indígenas de Salta, que reclamaban por las condiciones de precaridad extrema en las que viven desde las inundaciones del río Pilcomayo. Dos referentes de la comunidad fueron detenidos.
El sábado 14, fueron detenidos dirigentes sociales jujeños por haber participado de una protesta contra las políticas del oficialismo provincial. Se trata de la continuidad del clima de persecución política que se vive en Jujuy.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos hoy en una audiencia convocada por la CIDH sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que también estuvieron presentes representantes del Estado nacional.
Desde comienzos de 2016 el Gobierno Nacional tomó decisiones y emitió claros mensajes intimidatorios hacia las personas involucradas en protestas y otras formas de conflictividad social, en un contexto en el cual esta conflictividad viene en aumento debido a una serie de medidas económicas y sociales de carácter regresivo. En este informe presentamos los aspectos de esta escalada que consideramos más problemáticos.
En un contexto de escalada represiva de la protesta social durante 2017, se reiteraron situaciones graves de violencia policial contra las y los manifestantes que afectaron también a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y asistentes. En un documento conjunto de SiPreBA y el CELS, reunimos información sobre las consecuencias de estas represiones.
El juez sobreseyó a las y los manifestantes que estaban imputados: confirmó que no hay pruebas para relacionarlos con los delitos de los que se les acusaba.
Junto a ACVI elaboramos estos videos para analizar lo que dejó la investigación del crimen. Una condena histórica y la resistencia del poder justicial para investigarse a si mismo.
Hace dos años, Milagro Sala fue detenida en una causa promovida para criminalizar las protestas que ella lideraba. Desde entonces, permanece privada de la libertad de manera arbitraria, en contra de lo indicado por las instancias más importantes del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Comunicado conjunto con Amnistía Internacional y Andhes.
Siete personas continúan detenidas por hechos relacionados con las protestas del 14 y el 18 de diciembre, en el marco de causas penales de carácter federal. Estas detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Esta situación profundiza, además, el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal dificultando el derecho de defensa.
Seis organizaciones sindicales y de derechos humanos denunciamos ante la CIDH la situación del sindicato de obreros del Ingenio La Esperanza, reprimido y criminalizado por llevar adelante una protesta.
Los nuevos contenidos publicados en nuestra plataforma Protestar es un derecho recorren el mundo: desde Kenia, Hungría y Australia hasta Perú, Canadá y la Argentina. Las amenazas a este derecho fundamental se pueden ver en las calles, con represiones violentas, y también en la vigilancia estatal y persecución judicial. Este proyecto on line fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
El incremento de los heridos y la gravedad de varios de los casos enciende señales de alarma sobre cómo se está utilizando la fuerza estatal para responder a las protestas, con intervenciones que amenazan la integridad física y ponen en riesgo a los manifestantes. La ausencia de protección y la represión reiterada de las movilizaciones públicas son mensajes preocupantes que buscan limitar el ejercicio de un derecho fundamental.
Este Informe se cierra en una coyuntura muy particular en materia de derechos humanos. Una cantidad de decisiones, medidas y hechos afectan negativamente cuestiones críticas de la agenda y los mecanismos de protección de derechos en la Argentina. Señalamos una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país.
Hoy se cumplen 16 años de que Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados como consecuencia de la orden de reprimir las protestas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001. Decenas de personas resultaron heridas. En 2016, el Poder Judicial estableció que los funcionarios políticos son responsables penalmente de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta.